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Exposición celebrada en Barcelona con los fondos que fueron enviados del Archivo de Salamanca.
El Gobierno pedirá a Cataluña los fondos del Archivo que no entregó a sus dueños

El Gobierno pedirá a Cataluña los fondos del Archivo que no entregó a sus dueños

El Ejecutivo se apoya en el Tribunal Constitucional y reitera que devolverá al Centro Documental de la Memoria Histórica el material sin restituir

Ricardo Rábade

Sábado, 16 de agosto 2014, 13:07

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Pese a la generalizada parálisis institucional que envuelve el periplo vacacional de agosto, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca no deja de provocar nuevas sacudidas informativas y tiñendo de más tensión las ásperas y difíciles relaciones entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, incluso aunque sea verano y una parte notable de la clase política se encuentre de descanso oficial.

Una muestra evidente de todo lo anterior es el anunció que acaba de efectuar el Gobierno español, en pleno mes de agosto, consistente en confirmar que pedirá a la Generalitat de Catalunya que devuelva los documentos de la Guerra Civil que recibió en virtud de la Ley de Memoria Histórica y que no ha podido entregar a sus legítimos propietarios, ya sea por no encontrar a los herederos o por tratarse de organizaciones que actualmente no existen.

El proceso de devolución de los documentos incautados por el bando franquista, que arrancó en 2006 tras la aprobación de la Ley de Memoria, ha supuesto el envío de 1.435 cajas de archivo y 589 libros desde el Centro de Documentación de la Memoria Histórica, antiguo Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

El último envío fue en 2011, todavía con Gobierno socialista, pero desde entonces la Generalitat y otros colectivos catalanes han seguido reclamando documentos.

En una respuesta parlamentaria a los diputados socialistas Federico Buyolo y José Andrés Torres Mora, recogida por la agencia Europa Press, el Gobierno explica que el asunto de los 'papeles de Salamanca' pendientes se trató en una última reunión del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica.

Allí el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte informó «del detalle de los documentos que próximamente serán restituidos a Cataluña», envío con el que el Gobierno dará por finalizado el proceso de restitución de legajos a la Generalitat.

Educación prevé trasladar 238 cajas, 350 libros, 10 carteles, dos láminas, tres mapas y planos, cuatro banderas, diez panfletos y ocho tarjetas postales, una cantidad inferior a la que Cataluña reclamó en un primer momento, pues la Generalitat habló de 546 cajas, 4.139 libros y 259 carteles, entre otros documentos.

La sentencia del Tribunal Constitucional emitida en enero de 2013 avaló que la Generalitat percibiera los papeles de Salamanca para entregárselos a sus dueños, ya sean particulares o sus sucesores, pero el Ejecutivo hace hincapié en que también estableció que aquellos documentos que no llegaran a sus propietarios lícitos, deberán «reintegrarse en un archivo de titularidad estatal», como es el Centro de Documentación de la Memoria Histórica.

Por ello, ha anunciado su intención de exigir a la Generalitat catalana la devolución de aquellos documentos que ha recibido pero no ha podido «acreditar la entrega» a su legítimo dueño. De entrada, el Ministerio ya adelanta que algunos envíos a Barcelona dispuestos en un principio se han retirado al entender que «muchos de los propietarios originales u organizaciones, ya no existen, o no hay un claro sucesor». Entre otros, cita el caso del partido político Unión Patriótica, el Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Internacional Antifascista.

La réplica del Gobierno central a las interrogantes planteadas por el PSOE se produce justo en un momento de inquietante espera, ante la próxima salida de la nueva remesa de fondos catalanes del Palacio de San Ambrosio hacia tierras catalanas, que fue acordada hace casi dos meses, concretamente el pasado 18 de junio, en la reunión que mantuvo el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica en Madrid. Aunque en un primer momento todo apuntaba a que el envío de las 238 cajas y los 350 libros, amén del resto de material seleccionado, era inminente, finalmente el envío se ha venido demorando a lo largo del verano, sin que hasta el momento se haya producido, ni haya habido ningún movimiento en este sentido, a las puertas del edificio del Archivo en la calle Gibraltar.

El acuerdo adoptado por el Patronato no contentó a ninguna de las partes enfrentadas. Por un lado, la asociaciónSalvar el Archivo, que preside el investigador Policarpo Sánchez, criticó con dureza lo que consideraba un nuevo expolio del Archivo. En el otro extremo, el conseller de Cultura de Cataluña, Ferrán Mascarell, adelantó su intención de presentar un recurso contra la decisión del Ministerio de Cultura, con el fin de exigir el retorno de todos los fondos catalanes que aún permanecen almacenados en el Palacio de San Ambrosio. Por su parte, la Comisión de la Dignidad anunció que remitirá las reclamaciones catalanas ante instancias internacionales, como las Naciones Unidas y la Unesco.

También en este mes de agosto se ha conocido que el Consejo de la Abogacía de Cataluña ha tomado partido en este espinoso asunto, dando su pleno respaldo a la Generalitat para reclamar la entrega de los documentos catalanes que siguen guardados aún en el CDMH.

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