Cultura aduce que la Ley de Transparencia «no está en vigor» para no informar sobre los papeles

Tampoco la previsible próxima salida de papeles de Salamanca a Cataluña se llevará a cabo con transparencia. Desde los prometidos «luz y taquígrafos» que la ministra Carmen Calvo cambió en 2006 por un amplio despliegue policial antidisturbios en la madrugada de enero, a salidas encubiertas en furgonetas sin rotular y sin ningún tipo de publicidad. Ahora, a falta de conocer la fecha definitiva de la entrega, se sabe que el Ministerio de Cultura se niega a informar en profundidad sobre los fondos incluidos en la restitución. El motivo: la Ley de Transparencia aún no está plenamente en vigor.

El Ministerio de Cultura tiene preparadas en la sede del Centro Documental de la Memoria Histórica en el Colegio de San Ambrosio de Salamanca 238 cajas con fondos del antiguo Archivo General de la Guerra Civil para su inminente entrega a la Generalitat de Cataluña. La entrega se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Restitución del año 2005 que, sin embargo, establece unos principios básicos para el envío por parte del Estado al Gobierno catalán de estos papeles y objetos cuya posible vulneración reiterada está ahora mismo en manos de los tribunales. El volumen total de fondos de la que se viene anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy como la «última» salida desde Salamanca, fue aprobado en el seno del Patronato del Centro de la Memoria Histórica con los únicos votos en contra de los representantes de Castilla y León el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y la consejera de Cultura, Alicia García-, la ausencia del representante de la Universidad de Salamanca y la abstención de uno de los expertos.

El resto de los patronos concitados el pasado 18 de junio dio luz verde a la salida de las 238 cajas, 350 libros, 10 carteles, 2 láminas, 3 mapas y planos, 4 banderas, 10 panfletos y 8 tarjetas postales. Pero según distintas fuentes consultadas, los patronos no tuvieron nunca sobre la mesa un listado que detallara a qué tipo de documentación hacían exactamente alusión esos fondos cuantificados.

Al parecer, únicamente se presentó una tabla en la que se explicaba la sección de procedencia y se contrastaba el material incluido en esta entrega frente al conjunto mucho mayor que reclamaba el Gobierno catalán (546 cajas, 4.139 libros, 259 carteles, 20 láminas, 14 mapas y planos, 10 banderas, 363 panfletos y 101 tarjetas postales).

Los miembros del Patronato, por lo tanto, tuvieron que votar sin conocer en profundidad los motivos que habían llevado a los miembros del Ministerio de Cultura presentes en la comisión negociadora con la Generalitat para esta restitución a incluir unos fondos determinados y no otros.

Tras años de vaivenes políticos, sociales y culturales en torno al Archivo, en estos momentos está pendiente teóricamente solo la restitución de una parte de los fondos de «particulares» que se conservaban en Salamanca y que fueron incautados con fines represivos por las tropas franquistas. Es el artículo 2.2 de la ley del 2005 que habla de transferencia a la Generalitat de «documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña» y que «estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil».

Esta última parte permitía a Cultura desechar una importante cantidad de papeles reclamados por la Generalitat que ahora mismo se encuentran en Salamanca pero que en el momento de ser aprobada la ley pertenecían en realidad al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. El primer aspecto, la consideración de fondo particular «catalán» ha sido especialmente controvertido en estos años, ya que según la demanda que ha interpuesto el investigador Policarpo Sánchez de la Iglesia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Generalitat se habría apropiado de manera indebida de cientos de miles de documentos. Papeles que o bien no fueron incautados en Cataluña, o no fueron a personas o asociaciones que efectivamente tuvieran residencia o domicilio en Cataluña.

Por otra parte, tal y como marca la exposición de motivos de la Ley de Restitución (permitir «el restablecimiento de las situaciones jurídicas ilegítimamente extinguidas») y ha sido subrayado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de enero del 2013 («la transferencia de documentación a la Generalitat se produce con una finalidad muy concreta: su restitución a los propietarios originarios o a sus sucesores»), solo podrían salir de Salamanca aquellos papeles de particulares o asociaciones que puedan reclamarlos, por tener herederos legítimos o continuidad en la actualidad. Así, en la información del Ministerio de Cultura se descarta incluir en esta última entrega pendiente fondos que reclama Cataluña de instituciones que ya no existen o «no poseen un sucesor claro», como Unión Patriótica, Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Internacional Antifascista.

De hecho, si se analizan los datos registrados hasta ahora en el proceso de restitución a particulares, se obtiene que la Generalitat habría recibido fondos documentales de 25 asociaciones, 21 personas físicas y empresas, 39 partidos políticos y sindicatos, así como documentación suelta (por ejemplo, carnets) de 23 asociaciones, 168 personas y 115 de partidos y sindicatos. Sin embargo, frente a este volumen, únicamente la Generalitat considera titulares de la documentación restituida 6 asociaciones, 7 personas físicas y 5 partidos políticos y sindicatos. Además, ninguno de estos particulares considerados como legítimos sucesores o herederos de las personas o entidades expoliadas, recuperó la documentación, sino que decidió dejarla en el Archivo Nacional de Cataluña.

Las investigaciones realizadas estos años por Policarpo Sánchez han permitido identificar cuantiosa documentación que la Generalitat ha reclamado como propia de particulares y cuya restitución es imposible por carecer ya de continuidad. Sólo los fondos de la Asociaicón de Amigos de la Unión Soviética, la Asociación de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, Solidaridad Internacional Antifascista, Socorro Rojo Internacional o el Partido Sindicalista sumarían más de 50.000 papeles que la Generalitat custodia en su Archivo Nacional y que no tienen restitución posible, por lo que deberían regresar a Salamanca.

Número de papeles que se multiplica varias veces si se tienen en cuenta las entregas de fondos cuya incautación no se llevó a cabo a Cataluña o que no pertenece a particulares o entidades de esta comunidad (en especial los del PSOE de Asturias o la CNT).

Por este motivo, Policarpo Sánchez se dirigía el pasado 27 de junio solicitaba mediante registro en el Centro de la Memoria la solicitud «del listado de documentos y demás efectos susceptibles de ser trasladados, con identificación detallada, a fin de comprobar que los mismos se ajustan estrictamente a las previsiones legales». El objetivo del investigador era llevar a cabo la revisión (que al parecer nadie excepto los miembros de la comisión mixta Cultura-Generalitat ha podido realizar) de los fondos antes de su traslado a Cataluña. Sin embargo, la contestación del Ministerio, a través del subdirector General de Archivos Estatales, Severiano Delgado, establece que «la solicitud no podrá ser atendida» hasta que no se produzca efectivamente la salida de papeles.

Curiosamente, la posibilidad de reclamar documentación de un expediente en procedimiento ante la Administración fue incluida en la nueva Ley de Transparencia publicada en diciembre de 2013. Sin embargo, Severiano Delgado previa consulta a los servicios jurídicos de Cultura- afirma que ese precepto en concreto «todavía no ha entrado en vigor», por lo que no se le remitirá ninguna información al respecto hasta que no se haya producido la firma de las órdenes ministeriales que ejecuten la entrega de los papeles a Cataluña.