La legalización del PCE

La hoja de ruta de Adolfo Suárez, en combinación con el Rey, pasaba por unas primeras elecciones generales, que serían constituyentes, el 15 de junio de 1977, que la comunidad internacional miraba con expectación porque de ellas dependería la credibilidad exterior del nuevo régimen y de quienes estaban a su cabeza. Y la piedra de toque del carácter verdaderamente democrático de la consulta sería -se vio enseguida- la legalización del Partido Comunista de España, que podría entonces presentarse a ella. La cuestión levantaba ronchas en amplios sectores sociales y, sobre todo, en el Ejército, que durante le régimen anterior había acrisolado el tabú de la perversidad intrínseca del comunismo como enemigo de España.

Mientras tanto, Santiago Carrillo, secretario general del PCE, había adoptado una postura inteligente, basada en la moderación: tras anunciar muy tempranamente que abandonaría el marxismo-leninismo -eran los tiempos del 'eurocomunismo'-, dio garantías de que no pondría en cuestión ni la Corona -la forma de Estado se convertía así en accidental- ni la bandera. Y Carrillo, que había viajado a España clandestinamente, mantuvo numerosas entrevistas con distintos actores políticos para tranquilizar a la opinión sobre sus intenciones, que no eran ni remotamente revolucionarias. Adolfo Suárez también se entrevistó discretamente con el dirigente comunista, y tomó la decisión favorable a la legalización.

Aquellos preparativos de las primeras lecciones discurrieron en un ambiente sobrecargado de tensión. El 24 de enero de 1977 tuvo lugar la llamada 'matanza de Atocha': pistoleros de la extrema derecha asesinaron a cinco abogados laboralistas de CC OO y del PCE y dejaron a otros cuatro malheridos. El 11 de febrero, el PCE presentaba su documentación en el Registro de Asociaciones Políticas, y el 9 de abril, día de Viernes Santo, cuando la actividad política estaba paralizada en plenas vacaciones de Semana Santa, se hacía pública la legalización.

La decisión cogió por sorpresa a muchos. Los documentos conocidos a raíz del Wikileaks ponen de manifiesto que Fraga primero y Suárez después habían prometido a los norteamericanos que el PCE nunca sería legalizado. Muchos ministros de Arias Navarro y del propio Suárez defendieron públicamente la no legalización. Y uno de ellos, el ministro de Marina almirante Pita da Veiga dimitió estrepitosamente cuando conoció la decisión de Suárez, generando la enésima crisis castrense que tuvo que afrontar el presidente. Por aquella época, en plena guerra fría, los diferentes embajadores estadounidenses -sucesivamente Horacio Rivero y Wells Stabler- tutelaban estrechamente la transición y además de pretender proscribir al PCE vigilaban al PSOE para que no tuviera la debilidad de avanzar hacia el frente popular. El tono de aquellas injerencias se desprende del hecho de que el 23-F fuese considerado por el Departamento de Estado un "asunto interno" español.