Las negociaciones para intentar lograr una salida al conflicto civil de Libia deben respetar la orden de arresto contra el líder de este país, Muamar Gadafi, emitida por los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), según ha resaltado el fiscal jefe del tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo.
"Hay una urgente necesidad de negociación (en Libia), pero la negociación tiene que respetar las resoluciones de la ONU y las decisiones de los jueces de la CPI", ha declarado Ocampo un día después de que los jueces de la Corte emitieran una orden de arresto contra Gadafi, su segundo hijo, Saif al Isam y del jefe del espionaje, Abdulá al Senusi.
El fiscal argentino se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de captura del dictador libio e incluso se ha aventurado a estimar que su detención no tardará más de "dos o tres meses". Moreno Ocampo está convencido de que a ello ayudará la "voluntad de ejecutar el arresto" que le han expresado hoy representantes del gobierno interino de Libia, regido por los opositores al régimen y cuyo ministro de Justicia, Mohamed Al Alagi, se encuentra en La Haya.
"Ayer fue el día en que los jueces emitieron su decisión, (...) hoy es el momento del arresto", ha declarado el jefe de la fiscalía de la CPI, que ha dicho que mañana se entrevistará en la sede de la Corte con el primer ministro de la Autoridad Nacional libia, Mahmoud Gibril.
No se puede "negociar con criminales de guerra"
Ocampo ha advertido a las autoridades de Trípoli de que de no colaborar en arrestar al coronel Gadafi y sus allegados se "arriesgan a ser perseguidos" por la Justicia Internacional. Ha recordado también a las autoridades libias que aunque no sean parte del Estatuto de la CPI, sí deben cumplir con los mandatos del Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien remitió el caso de Libia a la fiscalía de la corte. "Si Gadafi viaja a un Estado Parte (de la Corte), será arrestado", ha insistido Ocampo, quien ha agregado que su oficina sigue investigando presuntos crímenes en Libia, como encubrimiento de delitos y violaciones. Dado que la CPI carece de una estructura policial, depende de los Estados la ejecución de las órdenes de arresto contra sus encausados.
La orden de captura se ha emitido cuando se busca una salida negociada al conflicto, que pasaría por un posible exilio de Gadafi o que éste, tras abandonar el poder, permaneciera en algún lugar de Libia. Pero la orden de detención de la CPI podría poner fin a estas opciones, especialmente después de que el mismo Consejo Nacional manifestara tras conocer la decisión de la Corte que no se puede "negociar con criminales de guerra".
Ocampo -que investiga los crímenes en Libia desde el pasado marzo, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU le remitiese el caso con una resolución tomada de forma unánime- ha remarcado que se cual sea la salida a la crisis, "Gadafi no puede retener el poder para continuar atacando a las víctimas". "La Corte es permanente y puede esperar, pero las víctimas no", ha declarado el fiscal que dirige las investigaciones de la CPI.
Gadafi es el segundo jefe de Estado perseguido por la CPI, que también ha encausado al presidente de Sudán, Omar Al Bashir, que sigue prófugo de la Justicia. Ocampo ha puntualizado que el caso de Gadafi es "muy diferente del de Al Bashir", especialmente porque la persecución del dictador libio está amparada por "el consenso internacional".
