
El senador socialista Arcadio Díaz durante su intervención en el Pleno del Senado. / EFE
El Senado aprueba el uso de las lenguas cooficiales
El Senado ha aprobado con la única oposición de PP y UPN la reforma de su Reglamento para el uso de las lenguascooficiales en sus plenos a partir del próximo año, aunque sólo en el debate de las mociones y no en las sesiones de control al Gobierno o el debate de iniciativas legislativas. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Entesa Catalana del Progrés, CiU, PNV, BNG y todos los senadores del Grupo Mixto excepto la representante de UPN, María del Mar Caballero. En total, los votos a favor han sumado 134 frente a los 115 que ha recibido en contra.
El encargado de defender la reforma ha sido el senador de la Entesa Miquel Bofill (ERC), quien ha iniciado su intervención en catalán y continuado en castellano para arremeter contra el PP por su rechazo "pintoresco, peregrino y poco democrático" a la iniciativa. "Algunos parece que quieren que nuestra lengua no exista y nosotros no existamos como catalanes, gallegos o vascos", ha asegurado. Bofill ha lamentado que el PP no se haya sumado al consenso de los demás grupos parlamentarios en torno a la medida, que ha reconocido que es "tímida" respecto al texto inicial presentado por 34 senadores de todos los grupos excepto del PSOE y el PP y supone un acuerdo "de mínimos".
El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Senado, Arcadio Díaz, ha anunciado que registrará una moción para crear una ponencia de estudio sobre la aplicación de la custodia compartida en los casos de divorcio o separación, después de que la Cámara Alta aprobase una iniciativa del PP que persigue imponerla como "régimen preferente".
Díaz ha subrayado que fue el PSOE quien incorporó al Código Civil la figura de la custodia compartida en una reforma que no contó con el apoyo del PP y ahora, "cuatro años después, la furia del converso hace que lo que no se aceptó en su día ni siquiera de forma excepcional ahora se quiera convertir en la regla general y común a imponer a todo tipo de parejas que no llegan a acuerdos".
El senador considera carente de sentido aplicar una fórmula "basada en la imposición de un modelo preferente a falta de acuerdo entre los padres" porque en su opinión, se debe "fomentar el acuerdo entre los cónyuges y progenitores y que si no es posible, establecer cual de los padres es el más indicado para garantizar un mejor desarrollo a las potencialidades individuales del menor".
Los socialistas apelan al "sosiego y el trabajo bien hecho" y piden que este tipo de medidas se analicen "sin precipitación, no en un debate en una hora" ya que desde 1981 hasta 2005 se trabajó en una reforma de esta materia y "no tiene sentido ahora dejarse llevar por la precipitación".