CON el avance del padrón municipal divulgado ayer por el Instituto Nacional de Estadística se pone de manifiesto que, más allá de la sorprendente falta de colaboración entre administraciones para poder saber cuántos ciudadanos habitan realmente en España, la inmigración es un asunto que requiere ya de la mayor atención por parte de las autoridades españolas. De los datos aportados se puede deducir que hay una bolsa de casi medio millón de extranjeros no comunitarios -sin permiso de residencia- que para el INE no cuentan, al no haber cumplido con la obligada renovación bienal en el padrón, pero a los que los municipios no han dado de baja. Al margen de ese 'limbo censal', durante el 2005 se mantuvo un ritmo de aumento poblacional semejante al del periodo anterior, creciendo en 132.000 los españoles y en 154.000 los extranjeros residentes, sumando estos últimos 3,88 millones de personas, el 8,7% de la población (el 3,6% de los habitantes de Castilla y León).

A la vista de las cifras básicas que maneja el INE, más otras del Ministerio de Trabajo, la consideración más discreta ha de contemplar casi cuatro millones de extranjeros, que en la Seguridad Social representan el 9,3% de los cotizantes. Esas cifras -que no incluyen una bolsa de ilegales que rondaría el millón- han adquirido una dimensión que, desde hace tiempo, reclama una gestión pública específica, potente en recursos y de amplio consenso político. Precisamente, a satisfacer esa necesidad parece dirigirse el Plan Estratégico de Integración aprobado hace un mes por el Gobierno, con una dotación de 2.000 millones de euros para un periodo de tres años. Pero no hay pruebas de que ese plan se apoye en una estrategia común de todas las administraciones sobre los criterios que han de presidir la integración social de los inmigrantes. Es preciso dejarse ya de tactismos políticos y de contentarse con operaciones puntuales, como fue el éxito laboral de la última regularización. Todo lo que sea retrasar una política de Estado sobre inmigración es aumentar el riesgo de conflictos a corto y medio plazo.



Premisa irrenunciable

La primera e incuestionable condición recogida en el acuerdo del Congreso de mayo del 2005 para que el Gobierno pudiera iniciar el diálogo con ETA es la ausencia completa de violencia. De hecho, desde que la banda terrorista decretó su 'alto el fuego' el pasado mes de marzo, la verificación de esta premisa se ha convertido en un elemento clave del proceso y más desde que el 20 de junio José Luis Rodríguez Zapatero anunciara que se daban las condiciones para activar el compromiso parlamentario y entrar en la fase de contactos con ETA. Por ausencia de violencia siempre se entendió, y así lo asumieron el presidente y el Congreso, no solo el cese de atentados, sino también el fin de la 'kale borroka' y de la extorsión económica. Ayer, Rodríguez Zapatero, además de mostrar su optimismo por el camino recorrido, admitió y condenó la existencia, aunque aminorada, de cierta violencia callejera y la persistencia, en «casos aislados y singulares», de cartas de chantaje. Ni el eventual carácter residual de estas acciones, ni el tono menos bronco y amenazante de las misivas o su condición minoritaria pueden rebajar la gravedad que implica su mera existencia y el impacto directo que tienen sobre numerosos ciudadanos y colectivos perseguidos durante años por el terror. Para ellos no existe 'alto el fuego', sino una continuación refinada del chantaje mafioso y la persecución.

Ante la reiteración de los envíos, el Gobierno está obligado a comprobar la autenticidad de las cartas y el alcance de una iniciativa que ha sido consustancial a ETA y su supervivencia y arbitrar las medidas para proteger a los destinatarios. Ampararse en la ausencia de denuncias expresas no deja de ser una evasiva, cuando lo que está en juego es el derecho de todo ciudadano a ser amparado en su libertad y a que le sea garantizada su seguridad. Mal arrancaría el diálogo con ETA si la banda terrorista más que dar muestras de su intención de abandonar las armas mantuviera activos los dos frentes que aseguran su pervivencia, la 'kale borroka', fuente de militantes, y la extorsión, nutriente económico. El Gobierno debe ser tan intransigente como expeditivo: mientras exista el mínimo resquicio de violencia el diálogo será imposible.