El ex jefe de Minas de Valladolid, Maurilio Parrado, promovió precintos de explotaciones que operaban en la provincia que no habían cedido a sus pretensiones de encargar proyectos para desarrollar las canteras o de dar empleo a su hermano, también ingeniero de Minas.

Así se desprende del auto judicial en el que un Juzgado de Instrucción de Valladolid comunica la imputación de este funcionario de la Consejería de Economía y Empleo, cuyas denuncias de varios industriales han dado lugar a un procedimiento penal en el que está personado también la Junta.

La Delegación Territorial de Valladolid, que dirige Jesús García Galván, reconoció al juez que en marzo del 2005 existían en la provincia vallisoletana 82 canteras ilegales, y que se procederían a su inmediata paralización.

Sin embargo, la investigación judicial ha determinado que durante el periodo en el que el jefe de Minas estuvo al frente de la inspección minera los precintos fueron muy reducidos y se centraron en algunas de las explotaciones que reconocieron ante el juez sentirse perjudicadas en la tramitación de los expedientes por no ceder a las presiones.

En el auto de imputación se señala que no constaba actuación alguna anterior de carácter general en cuanto al control de las explotaciones mineras ilegales, que abarcan no solo a las de áridos sino también a las de piedra natural.

La investigación judicial ha revelado también las relaciones societarias entre empresas en las que aparece el ex jefe de Minas de Valladolid y antiguos compañeros de estudios que ejercen hoy la función pública. Es el caso de José María Iraizoz, catedrático de la Escuela Universitaria de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha, con sede en Ciudad Real.

Esta persona está también imputada en el procedimiento por los presuntos delitos contra la Administración Pública. Según el juez, Maurilio Parrado constituyó en febrero del 2003 la empresa Asesoría Integral a la Minería con carácter ganancial perteneciendo el 50% a su esposa.

Vínculos societarios

Esta sociedad tenía como objeto la prestación de servicios de actividades propias de la energía, así como la intermediación y el asesoramiento jurídico y técnico. Las investigaciones han confirmado que la sede social de Asesoría Integral de la Minería, en la calle Arzobispo Marcelo González de Valladolid, coincide con la del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro, cuyo delegado ha sido el propio ex jefe de Minas. Esta circunstancia provocaba que cualquier proyecto minero firmado por un ingeniero superior debía de ser visado en la sede colegial.

La instrucción del procedimiento ha concretado vínculos entre Asesoría Integral, de Parrado y su mujer, y la empresa Ingeniería Iraizoz y Morago, creada en 1998, y Prominas, en las que ha participado el catedrático de Castilla-La Mancha y su esposa.

El juez considera que Parrado favoreció la tramitación de permisos de investigación minera en mayo del 2002 cuando demoró 19 meses una petición realizada por una empresa de Valladolid, y aceleró el expediente con proyecto de José María Iraizoz Fernández, que fue presentado el 26 de diciembre del 2003 ordenando su publicación el 15 de enero del 2004.

En la resolución judicial se señala que retrasos similares se produjeron con proyectos presentados por la empresa de los hijos del anterior jefe de Minas de Valladolid.

El abogado de Maurilio Parrado negó ayer los hechos que se recogen en el auto de imputación judicial. «Nosotros defendemos que nada de lo que allí se dice se ha cometido y se verá en los expedientes administrativos», dijo el letrado del funcionario de la Junta.