LA anunciada modificación y flexibilización por parte del Gobierno de la denominada Ley de Contraprogramación, por la que las televisiones de ámbito nacional debían anunciar y adelantar su programación diaria con al menos once días de antelación, supone un auténtico menoscabo del derecho de los espectadores a recibir una información veraz y exacta sobre los servicios televisivos y, también, un grave perjuicio a unos usuarios que no tienen por qué sufrir alteraciones indeseadas en la planificación de su tiempo libre. De hecho, el anuncio de esta modificación y la pretensión de las cadenas y operadores de reducir a solo tres días el plazo obligatorio para anunciar sus programaciones coincide en el tiempo con un notable aumento de la oferta televisiva, en la que se hace aún más necesaria la consulta de los horarios por parte de los espectadores y, por consiguiente, el respeto a la estabilidad de unos contenidos que suelen alterarse discrecionalmente como instrumento para neutralizar a la competencia; algo que es absolutamente contrario al espíritu de la directiva europea de Televisión sin Fronteras y a toda la normativa española desarrollada en la aplicación de la misma, donde se estableció obligatoriamente el plazo de once días, así como el régimen sancionador correspondiente. Un régimen sancionador que, por cierto, ha fracasado como elemento de disuasión, ya que las cadenas públicas y privadas han continuado alterando con facilidad y frecuencia sus programaciones, al margen de la ley y de las multas impuestas. En todo caso, no van a ser únicamente los espectadores los perjudicados por una eventual modificación de la normativa en esta materia, puesto que también la contraprogramación hace más complicado para los anunciantes el control de su publicidad, lo mismo que implica una mayor presión comercial en la aceptación de los distintos programas por la audiencia, con el consiguiente daño para una industria de contenidos que desearía una mayor estabilidad y permanencia en la parrilla.

Las distintas asociaciones de usuarios ya han manifestado su oposición a una modificación legal que no cuenta con la opinión favorable de un amplísimo porcentaje de los espectadores, lo cual debería hacer reflexionar a un Gobierno que no puede, ni debe, promover la libre competencia y la consolidación del sector de la televisión en España vulnerando el espíritu de una norma europea y, sobre todo, a costa de los usuarios.



Carrera nuclear en Asia

El Gobierno de EE. UU. confirmó ayer que Pakistán ha comenzado a montar un gran reactor capaz de proveer plutonio para producir hasta 40 ó 50 bombas atómicas anuales. De hecho, en Islamabad, y de modo indirecto, portavoces oficiales han reconocido que el país procede a una ampliación de sus capacidades civiles con algunos componentes militares. La temida carrera de armamentos nucleares en Asia del Sur entre las dos potencias regionales -y vecinos enfrentados- de India y Pakistán abre expectativas muy inquietantes. India, que procedió antes que Pakistán a un ensayo nuclear y le indujo a hacer lo propio, está desarrollando aceleradamente sus capacidades atómicas para obtener la energía que necesita su rápida industrialización, pero también ese programa cubre una dimensión militar. La noticia es pésima porque dotará de reforzados argumentos a otros actores regionales empeñados en no quedarse atrás, como Irán, además de debilitar el conjunto de la política norteamericana contra la proliferación nuclear.

El fracaso cosechado en la VII Conferencia de revisión del Tratado de no proliferación hace ahora poco más de un año, cuando los 153 Estados participantes fueron incapaces de implementar los principales compromisos adoptados en las dos conferencias precedentes, está teniendo ya sus primeras consecuencias. En un escenario en el que Israel cuenta con cabezas nucleares -nunca reconocidas-, India acaba de firmar con Bush un acuerdo por el que se acepta la 'modernización' de su fuerza atómica militar y autoriza, por tanto, la venta de equipo nuclear a este país, e Irán pugna por conseguir entrar en el club de las potencias militares atómicas a toda costa, presionar a Pakistán para que no utilice el gran reactor en construcción para multiplicar su arsenal será, con toda seguridad, inútil. Si se permite que las dos potencias regionales continúen sin más su carrera nuclear será absolutamente imposible impedir a Irán abandonar el Tratado de no proliferación y hacerle desistir de que proceda unilateralmente en la consecución de su propio armamento atómico. La carrera nuclear en Asia es ya un sinsentido que estremece y prefigura un inquietante escenario.