El primer control financiero permanente realizado por la Consejería de Hacienda a Sacyl, desde las transferencias, revela carencias legales en la implantación de sistemas de control interno, analiza y detecta irregularidades en facturaciones, falta de homogeneidad en las gerencias de la comunidad y otros incumplimientos de la legalidad vigente.

Esta primera auditoría desde la asunción de las competencias, terminada el pasado mes de enero, abarca desde el 2002 hasta el 2004 y establece un estudio comparativo de las gerencias de Atención Especializada, de Primaria y de Emergencias y de sus unidades de control financiero sobre la calidad de la gestión económica en cuanto a los controles internos, el respeto a la legalidad vigente, la sujeción a los presupuestos y el seguimiento de las recomendaciones de Hacienda. La auditoría otorga así los mejores resultados en Especializada a los tres hospitales de Valladolid -Clínico, Medina del Campo y Río Hortega, por este orden- y al de Salamanca, que ocupa el segundo lugar. Establece para su valoración una puntuación de cero a tres y considera una gestión aceptable por encima del dos.

Establece la auditoría cuatro grupos bien diferenciados de hospitales. El primero, el mejor, está formado por los citados complejos hospitalarios seguidos de Ávila y León. «Alcanzan las más altas valoraciones en la gestión financiera pero sin llegar a ser aceptables» salvo en el análisis del cumplimiento de la legalidad vigente, excepto León. El Río Hortega y Medina del Campo incluso superan el dos de puntuación en su respeto a las normas. Segovia, Zamora, Soria y El Bierzo se sitúan en la media regional con bajas valoraciones y con muy escaso seguimiento de las recomendaciones para corregir las irregularidades detectadas. Palencia, Miranda de Ebro y Burgos, a la cola, solo superan el valor uno en legalidad cumplida. En último lugar valora Hacienda a la Gerencia de Aranda de Duero que presenta «una muy deficiente gestión», en todo por debajo del uno.

Atención Primaria

En Atención Primaria los mejores resultados los acaparan Ávila, el área Este de Valladolid y Emergencias y Soria, Salamanca y Burgos adolecen de una «muy deficiente gestión financiera». El resto se ubica en la media.

Hacienda detecta multitud de gestiones irregulares que califica de ilegales. Sin embargo, este desvío de la normativa vigente y de la corrección estricta debe entenderse dentro del funcionamiento de una administración con mucha actividad, que necesita agilidad en sus decisiones económicas, que no puede frenar el gasto porque no puede dejar de comprar suministros o de realizar unas obras urgentes y que opta por sortear el sistema, incluso con irregularidades, para evitar frenar la actividad. Las ilegalidades detectadas afectan a unas y otras gerencias, unas concentran más que otras, y la propia Auditoría les da una importancia relativa aunque insta a su corrección y de ahí las recomendaciones con las que finaliza el estudio.

En general, la Auditoría hace reproches con carácter amplio a la Gerencia Regional de Salud dado que considera que los procedimientos de control y la aplicación normativa deben ser generales.

78 informes

Además del incumplimiento de los presupuestos asignados, la Intervención detecta «debilidades en materia de control interno y, en especial, de la falta de manuales de procedimiento que establezcan criterios homogéneos a aplicar en todas las gerencias». El estudio, elaborado a partir de los resultados de los 78 informes definitivos emitidos por los 13 equipos de control financiero de la región, revela que hay una falta de documentación que acredite las variaciones de las nóminas y que justifique la percepción de determinados conceptos retributivos, documentos no autorizados por un responsable con suficiente nivel competencial o incumplimientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social que dan lugar a recargos -la Consejería de Sanidad las paga pero tarde- y liquidaciones incorrectas que suponen pagos indebidos.

En cuanto al control de los gastos corrientes señala también la carencia de manuales de control interno y la carencia de sistemas de información que permitan determinar los compromisos de gasto y las deudas así como tramitaciones de documentos contables incompletas.

En el capítulo de sometimiento a la legalidad, este primer control financiero permanente detecta la «no aplicación de las normas de contratación para las administraciones públicas a un alto porcentaje del gasto» y destaca los pagos fraccionados para evitar grandes cuantías que requerirían un concurso público.

La Consejería de Hacienda también recrimina la «insuficiente justificación material del gasto o procedimiento y forma de adjudicación», defectos formales en los pliegos, firmas y fechas que «evidencian el incumplimiento de requisitos legales» así como ausencia de la obligada comunicación de los contratos al registro público.