APENAS dos semanas después de la entrada en vigor del carné de conducir por puntos, el presidente de la Asociación Española de la Carretera, Manuel María Muñoz, antiguo director general de Tráfico y uno de nuestros más acreditados expertos en seguridad vial, ha presentado la auditoría sobre el estado de las carreteras españolas que dicha asociación elabora anualmente desde hace veinte años. Las principales conclusiones del informe son la situación deficiente del 35% de los firmes de la Red del Estado (del 32% en la red autonómica), con tendencia al alza (en los últimos dos años se ha deteriorado un 5,5% más), así como la acumulación de un déficit de inversión en conservación del orden de los 4.000 millones de euros (en esta partida estarían incluidos los firmes, la señalización vertical y horizontal, el balizamiento y las barreras metálicas).

La insuficiente conservación de nuestras vías, que es un factor que incide sustancialmente en la siniestralidad, es un problema crónico que se explica por razones políticas: el gestor que maneja el presupuesto se luce más con nuevas infraestructuras que reparando las antiguas. Ya se ha recalcado que el carné por puntos no va a ser la panacea que arregle la elevada mortalidad. Y, de hecho, el antiguo director general de Tráfico, que fue el primero en plantear su actuación sobre bases técnicas y en lograr resultados apreciables, añadió que «van a hacer falta muchas más medidas» y ya ha anunciado la próxima presentación al Gobierno de un libro verde sobre la seguridad vial que desarrollará una veintena de medidas estructurales y otra treintena de medidas operativas. Es evidente que en nuestro país ya se ha creado plena y generalizada conciencia de que no puede consentirse que el tráfico se cobre más de 4.000 vidas al año, y resulta muy positivo que las iniciativas públicas encuentren el acompañamiento de la sociedad civil, que, a través de esta Asociación y de diversas fundaciones privadas, coopera en la búsqueda de soluciones. También es hora de que comiencen a identificarse todas las causas de esas cifras, que no pueden explicarse solo por la temeridad de los conductores.

Ingenio sin mercado

En un ambiente de franco optimismo, el presidente Rodríguez Zapatero ha anunciado un aumento de la financiación pública a la investigación y el desarrollo de más de un tercio sobre lo previsto para el año próximo. El objetivo es incrementar el I+D civil (claramente separado del militar) desde poco más del 1% del PIB hasta casi el 2% en el 2010. En la práctica, supondrá un monto de 6.000 millones, más otros 2.000 provenientes de Bruselas, que se materializarán en los programas Cenit, Consolider, Ciber y Avanza, que cubren diversos ámbitos de investigación, mejora técnica, colaboración privada-pública, y excelencia académica. Todo esto se encuadrará en el llamado Programa Ingenio 2010, lanzado ahora hace un año y pensado para acortar la brecha técnica y de productividad que nos separa del resto de Europa.

Hay que reconocer la iniciativa del Ejecutivo, que no es tampoco la primera, pero sí la de mayor dedicación de recursos públicos para incentivar la investigación. Sin embargo, hay varios aspectos de Ingenio que merecen ser cuestionados. En primer lugar, es difícil de entender el empeño de separar la investigación civil de la militar. Solo si se supone que la segunda tiene una connotación negativa, o que la defensa y seguridad no tienen valor social, podría segregarse del resto. Pero en una democracia madura esta separación contiene tonos demagógicos incompatibles con el mundo actual. Más importante, sin embargo, es el hincapié en el cambio técnico como solución única a nuestra modernidad económica. Es cierto que nuestra economía adolece de una brecha técnica con respecto a nuestros vecinos, pero no lo es menos que esa distancia estaba motivada por factores institucionales más que propiamente técnicos. La falta de absorción y adopción técnica causada por estructuras no competitivas de mercado ha sido siempre en España un obstáculo. El fin económico del cambio técnico es crear productos nuevos y diferenciados y, sobre todo, reducir costes, y constituye una condición necesaria de la competitividad, pero en absoluto es suficiente. Hasta que el poder público no esté decidido a impulsar una economía de mercado libre, todo el ingenio técnico será un esfuerzo con poca recompensa.