EL Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de reforma del Código Penal que amplía la nómina de delitos y endurece las sanciones para determinados tipos. Si hace tres años, casi al término de su etapa de gobierno, el Ejecutivo del PP introdujo una reforma para endurecer la sanción a los pequeños delitos contra el patrimonio, ahora el Gobierno socialista ha salido al paso de la alarma social generada por la delincuencia organizada. La principal novedad técnica a este respecto es la creación del concepto «asociación para delinquir»; en virtud del cual, quienes formen parte de tales organizaciones y cometan delitos serán sancionados por estos y también por aquella adhesión, bien sea en grado de pertenencia, de dirección o de colaboración. La nueva normativa penalizará la figura del testaferro al frente de 'sociedades tapadera' utilizadas para blanqueo de dinero o administración de bienes obtenidos fraudulentamente. El dinero y los bienes no declarados que aparezcan en operaciones de este tipo podrán ser decomisados por el juez; para ello, bastará con que el delincuente no pueda justificar cómo fueron incorporados a su patrimonio. Parece claro que el Gobierno estaba pensando en las recientes operaciones contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol, pero también ha pretendido atacar con la reforma fraudes como los de Afinsa y Fórum Filatélico.

Otro aspecto plausible es el encaminado a adaptar las normas al progreso tecnológico. Así, se tipifican determinados delitos en Internet y se actualiza el tratamiento de los avances en biotecnología: la clonación humana con fines reproductivos será delito de manipulación genética y, en cambio, se despenalizará la utilización de óvulos con fines distintos a los de la reproducción. Finalmente, el Gobierno tipifica el acoso laboral, endurece las sanciones por agresiones o abusos sexuales a menores y las penas de prisión por conducción temeraria.

La conveniencia de actualizar la ley penal es incuestionable. Y esta reforma va sin duda en esta dirección, pero también necesita atemperarse para que la gradación de las sanciones se acomode al verdadero reproche social. Es decir, para que el Código guarde un equilibrio que casi nunca surge espontáneamente de la improvisación.

Fuera equívocos

Las palabras del presidente Rodríguez Zapatero negando que su Gobierno haya establecido compromisos con ETA o con Batasuna y reiterando que existen «buenas condiciones» para acabar con el terrorismo permitirían conducir el debate público en torno al alto el fuego hacia cauces de mayor prudencia y sensatez si el proceso no se hubiera convertido en fuente constante de polémica debido fundamentalmente al engreimiento de la izquierda aberzale. En una situación de confianza y normalidad entre el Gobierno y las oposición, las declaraciones del presidente serían suficientes para acallar especulaciones. Pero si ello no es así, es tanto porque el partido de Rajoy ha decidido oponerse a la iniciativa de Rodríguez Zapatero, como porque este ha optado por prescindir del previo acuerdo con el PP. En su esfuerzo por eludir la derrota frente al Estado de derecho, tanto ETA como Batasuna insisten en transmitir mensajes de victoria a sus seguidores. Que ello parezca lógico no quiere decir que sea admisible. Todo lo contrario.

Ni la banda terrorista ni los portavoces de Batasuna pueden poner condiciones para su renuncia al uso terror. Es probable que, en su necesidad por convencerse de los frutos obtenidos en los prolegómenos del diálogo formal con el Gobierno, hayan querido ver en la actitud de Rodríguez Zapatero concesiones. Ese ha sido siempre el riesgo que han representado los contactos con ETA: que percibiera en su interlocutor una disposición al trueque político. Pero ello no debe condicionar la actuación de un Gobierno tan comprometido con la vía abierta hacia el diálogo; ni debe llevar a la sociedad a sentirse concernida por las dificultades que presenta la izquierda aberzale a la hora de aceptar la inexorable realidad. Es posible que el Gobierno no deba hablar más de lo que lo hace. Pero sí es necesario que hable más claro. No sea que los silencios y los equívocos acaben generando mayor confusión en la sociedad y propicien el envalentonamiento de ETA en un momento tan crucial.