UN tercio de los vuelos de Iberia fueron cancelados ayer por la huelga de pilotos, y aunque la opinión pública, resignada a estas medidas de fuerza tan lesivas para los intereses de los consumidores, ha encajado la noticia con la habitual irritación, es preciso reconocer que en esta ocasión hay algo que la hace distinta de las anteriores. Y es que pocas veces una huelga convocada por un grupo de trabajadores había suscitado tanta animadversión incluso entre los grandes sindicatos, que se han mostrado radicalmente en contra y han llegado a afirmar que «el colectivo privilegiado de los pilotos pone en serio riesgo el futuro de la compañía».

Hasta ahora, el Sepla había tratado de preservar los privilegios de los que disfrutaron durante la época de los monopolios nacionales de las llamadas compañías de bandera. Sin embargo, y según la dirección de Iberia, lo que los pilotos pretenden con estas movilizaciones no es ya una reivindicación laboral, sino impedir que Iberia participe activamente en Catair, una aerolínea de bajo coste para competir en determinados mercados de los que está siendo literalmente expulsada; algo que a su juicio es una intromisión ilegítima en la estrategia futura de la compañía y por lo que ha reclamado a la Administración que declare ilegal la huelga. Por su parte, los pilotos temen que esta flexibilización de la compañía -inevitable si quiere sobrevivir en la jungla del transporte aéreo- suponga a la larga la desaparición de parte de sus ventajas, y concretamente del concepto de 'antigüedad', por el cual perciben salarios muy por encima de los de la competencia.

Siempre es duro para un trabajador asumir que debe renunciar a sus privilegios y los pilotos ya lo hicieron tras la crisis de la segunda Guerra del Golfo con la asunción de cláusulas especiales de reducción de salarios. Pero se equivoca el Sepla si piensa que puede alterar las reglas del libre mercado con medidas que dañan los intereses de los viajeros, que son quienes, en último extremo, pagan sus nóminas. Iberia puede acertar o equivocarse en sus decisiones empresariales, de ello responderán ante los accionistas; y los pilotos están para garantizar con su profesionalidad y formación que los vuelos se realicen con todas las garantías, no para decidir lo que es bueno o malo -comercialmente- para la compañía.

Por la pacificación

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, han aprovechado la visita a España del secretario general de la OTAN, Jaap De Hoop Schaffer, para repasar la situación del contingente en Afganistán después del atentado contra una patrulla española. De Hoop Schaffer ha expresado sus condolencias por la muerte del militar español, y agradecido el esfuerzo de mantener a 720 soldados en la misión; pero, sobre todo, ha subrayado la importancia de no ceder ante los ataques y ganar la batalla por la reconstrucción.

España debe ser un actor internacional capaz de intervenir en apoyo de sus aliados tanto en situaciones de reconstrucción de países como en conflictos en los que esté amparada por la legalidad internacional, como ocurrió en Kosovo. Y nadie duda de que el Gobierno parece dispuesto a volcarse en Afganistán, aunque con los límites del desempeño de una labor humanitaria y de seguridad de nuestras propias tropas. Por ello, el contingente español se ha desplegado en el este del país, mientras que en el sur británicos, holandeses y canadienses apoyan a las tropas norteamericanas que combaten abiertamente contra los talibán y la insurgencia islamista.

El Gobierno han subrayado que la presencia española en Afganistán es una misión de paz, realizada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y ha reafirmado la intención de mantener una intensa cooperación UE-OTAN, lo que es políticamente impecable. Pero tras la confirmación de que la mina anticarro que acabó con la vida del paracaidista español fue colocada con el claro propósito de atacar a nuestras tropas, el Ejecutivo debería tomar en consideración las palabras del secretario general de la Alianza Atlántica respecto del «alto precio» que habrá que pagar por la «causa justa» que implica la presencia militar en Afganistán. Porque la situación en la región quizá no siempre pueda realizarse bajo la estricta fórmula de una misión humanitaria. Y España debe estar preparada para ello.