Los portavoces de los grupos parlamentarios del PP y el PSOE en las Cortes regionales, José Antonio De Santiago-Juárez y Ángel Villalba, respectivamente, comparecieron ayer de forma conjunta para dar a conocer el Título III del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que recoge las competencias que asumirá la comunidad. Entre aquellas que figuran por primera vez en el texto estatutario destacan dos: la competencia sobre la cuenca del Duero -y, consecuentemente, la posibilidad de gestionar la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)-, y la posibilidad de crear una policía autonómica.

Sobre la primera, el artículo 7 señala que «dada la relevancia que la cuenca del Duero tiene como elemento configurador del territorio de Castilla y León, es competencia de la comunidad de Castilla y León, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma» (apartado primero). Para continuar afirmando que «en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas limítrofes, corresponde a la Junta de Castilla y León la participación en la gestión del resto de las aguas pertenecientes a cuencas intercomunitarias que se encuentren en el territorio de Castilla y León» (apartado segundo).

Estas competencias «se ejercerán sin perjuicio de la planificación hidrológica de competencia del Estado» (apartado tercero).

De esta forma, la comunidad autónoma se dota del instrumento legal necesario para poder negociar con el Gobierno central la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Tanto el portavoz del PP como el del PSOE coincidieron en señalar que la comunidad asume «una gestión completa y ambiciosa del agua», y se establece además «la garantía del abastecimiento en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender las necesidades presentes y futuras de los castellanos y leoneses» (apartado quinto), una garantía frente a posibles reclamaciones de trasvases de otras comunidades.

También dan por seguro que no habrá «ningún problema» para asumir la gestión de la cuenca, porque el artículo 7 «se acomoda perfectamente a las exigencias constitucionales, salvaguarda el papel legislador y coordinador del Estado y satisface una demanda histórica de Castilla y León», según Villalba. «No vemos que vaya a haber excesivo problema en que (este artículo) sea asumido por las Cortes españolas», añadió.

Cuerpos de seguridad

Y sobre las nuevas competencias en materia seguridad pública, el artículo 4 del Título III señala que «la comunidad de Castilla y León podrá crear mediante Ley el Cuerpo de Policía de Castilla y León, que ejercerá las funciones que dicha ley establezca y de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (...) La coordinación de la actuación, en el territorio de Castilla y León, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Cuerpo de Policía de Castilla y León corresponderá a la Junta de Seguridad, formada por un número igual de representantes del Gobierno y de la Junta de Castilla y León».

Las competencias sobre Justicia no están recogidas en este título, sino en el de ordenación del territorio, y la posibilidad de crear un canal de televisión autonómico aparece en una disposición adicional.

La redacción final del nuevo Estatuto ya solo está pendiente de una última reunión entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSOE, Ángel Villalba, para «perfilar algunas cuestiones», que se celebrará previsiblemente a mediados de la próxima semana, para culminar con éxito la reforma. Tras esa reunión, el texto definitivo será remitido al Consejo Consultivo para conocer su dictamen (que no es preceptivo) y poder incorporar alguna de sus recomendaciones o sugerencias vía enmiendas.