El futuro Plan Estratégico de Desarrollo Rural propone la creación de un contrato territorial de explotación que englobaría las medidas agroambientales, el bienestar de los animales, las ayudas al lucro cesante para agricultores y ganaderos cuyas explotaciones estén situadas en la Red Natura 2000 y las ayudas destinadas a compensar a las zonas de montaña. También incluirá las medidas horizontales de «instalación de jóvenes» y «puesta en marcha de los servicios de asesoramiento en las explotaciones agrarias».

En la práctica, se trataría de una relación contractual de carácter plurianual entre los agricultores o las entidades asociativas agrarias y la Administración Pública competente. En virtud del mismo, los agricultores se comprometerían a respetar las condiciones que se determinen para cada caso y, como contraprestación, la Administración realizaría un pago anual a los titulares de las explotaciones.

Este sistema permitirá fijar una serie de criterios generales para toda España que conformarían una prima mínima a nivel nacional que sería completada por las comunidades autónomas, en función de su agricultura y su territorio.