El Consejo Económico y Social también hizo público ayer su informe sobre el Plan Regional de Residuos Industriales de Castilla y León (2006-10).

El órgano de consulta valora positivamente la elaboración del documento, aunque pone de manifiesto el retraso con el que se ha redactado y la consiguiente demora en la aprobación del mismo, tras la anulación del plan anterior. Considera que las actuaciones están poco detalladas en un plan que es imprescindible para el desarrollo económico e industrial de la comunidad, al tiempo que pone el acento en lo que pasará tras el 2010, año en que vence la planificación.

Los redactores del informe llaman la atención sobre la cuestión que más contestación social suele producir cuando se aborda el tratamiento de los residuos: el mapa de las instalaciones. «El plan deja abierta la ubicación de las instalaciones de gestión, lo que podría dificultar la evaluación de la incidencia económica, ambiental y social del entorno afectado y las posibilidades y medios de corrección de los efectos negativos predecibles tal y como está establecido en la normativa vigente», recoge el dictamen del CES. El organismo autonómico recomienda a la Consejería de Medio Ambiente que incluya en el plan unos «criterios mínimos» que deberán cumplir aquellos lugares donde se ubiquen estos vertederos y centros de almacenamiento y tratamiento de desechos procedentes de actividades industriales, sector que produce la mayor parte de los residuos tóxicos y peligrosos.

El departamento que dirige el consejero Carlos Fernández Carriedo prevé una inversión para la gestión de estos residuos de 146,85 millones de euros, de los que el 70,1% se destina a desechos no peligrosos y el 11,8% a peligrosos. El 18,1% restante corresponde a otras actividades. La empresa privada acometerá el 85,5% del gasto.