La empresa Nuclenor presentó el pasado lunes en el Ministerio de Industria la solicitud para renovar la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, por un nuevo periodo de diez años, hasta el 2019. Esta central entró en funcionamiento en marzo de 1971.

Según informó ayer Nuclenor en una nota de prensa, la solicitud se efectúa con tres años de antelación al fin de la autorización vigente que expira en el año 2009 (la última renovación del permiso de explotación se otorgó, también por diez años, en julio de 1999).

La solicitud incluye diversa documentación, como estudios de seguridad y analíticos-radiológicos, plan de gestión de residuos radiactivos, especificaciones de funcionamiento, manual de garantía de calidad, plan de emergencia interior y el manual de protección radiológica.

Se acompaña además de un «estudio probabilista de seguridad» según la configuración de la central en el año 2005, cuyos resultados, para Nuclenor, confirman la consistencia de la planta atómica en materia de seguridad.

Asimismo la solicitud incluye un análisis del envejecimiento experimentado por los componentes, sistemas y estructuras de la central relacionados con la seguridad.

Nuclenor concluye que la documentación presentada para pedir la ampliación del periodo de funcionamiento por otros diez años más ha supuesto un trabajo de tres años con 25 técnicos implicados y un coste de 5,7 millones de euros.

La empresa manifiesta su plena disposición para completar antes de 2009, cuando vence el actual periodo de funcionamiento de la planta atómica ubicada en el Valle de Tobalina, en el norte de la provincia de Burgos, cualquier extremo de la documentación presentada y para facilitar cuanta información adicional se estime conveniente.

Informe del CSN

El Ministerio de Industria trasladará la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear, que realizará una evaluación técnica. Si resulta negativa, el informe será vinculante y el Gobierno decidirá el cierre de Garoña en el 2009, según informó el ministro de Industria, José Montilla, el pasado mes de mayo en respuesta a una interpelación parlamentaria de una diputada de Eusko Alkartasuna.