A cinco días de la solemne visita del Papa a Valencia, el destino ha marcado azarosamente a esta ciudad con una gran tragedia. Un hecho no premeditado, el descarrilamiento del metro entre dos céntricas estaciones, ha costado la vida a más de treinta personas y heridas graves a otras muchas. Los propios pasajeros supervivientes del convoy accidentado avisaron por sus teléfonos móviles de la catástrofe y casi desde el primer momento se descartó que el siniestro tuviera un origen terrorista.

Las explicaciones iniciales del desastre han sido confusas. Primero se habló de un derrumbamiento del túnel, ya que el conductor del tren que seguía al accidentado observó una gran polvareda; más tarde, el portavoz del Gobierno valenciano y la alcaldesa de Valencia aseguraban que el luctuoso suceso había sido fortuito; por último, el delegado del Gobierno en la Comunidad afirmaba que el accidente se ha debido a una combinación de exceso de velocidad y de la rotura de una rueda, mientras que los sindicatos ferroviarios manifestaban inmediatamente que hablar de fallo humano sin realizar un estudio serio y concienzudo es una irresponsabilidad. Evidentemente, la gravedad de lo ocurrido obliga a profundizar en los primeros indicios y a realizar una minuciosa investigación, no solo porque así lo exigirá la Justicia sino porque las instituciones que tienen a su cargo el ferrocarril metropolitano han de conocer las deficiencias de este sistema de transporte para corregirlas. Porque este accidente tiene además un precedente cercano: el pasado septiembre, cuando se produjo un choque en la misma línea 1 ahora accidentada que causó heridas a 35 personas.

Ningún sistema de transporte resulta completamente seguro y el ferrocarril es, entre todos los modos utilizados, uno de los de más baja siniestralidad. Sin embargo, no es aceptable asumirlo con conformismo: habrá habido uno o varios elementos causales que es preciso desentrañar. Tanto para depurar las responsabilidades personales y políticas, si las hubiere, cuanto para aprender de lo ocurrido y perfeccionar los sistemas de seguridad.

La pérdida para la ciudad de Valencia ha sido tan severa como inoportuna, y la sociedad valenciana tendrá que superar el dolor y la turbación que siempre producen estas desgracias colectivas para asimilar el hito gozoso de la visita del Papa, acontecimiento que trasciende de su simple dimensión religiosa y que se producirá justo después de que la Comunidad Valenciana salga de los tres días de luto decretados por el presidente Camps. Es en estas coyunturas paradójicas, en las que se agolpan el llanto y el gozo, cuando las colectividades muestran su solvencia y su madurez.

Alemania, de reformas

La'gran coalición' alemana, formada por democristianos y socialdemócratas bajo la batuta de Angela Merkel -una mujer de singular valía-, ha resuelto satisfactoriamente uno de los principales retos que debía resolver, y con cuya respuesta se pretende remediar uno de los más graves lastres estructurales del país: las deficiencias de La Carta Magna, otorgada por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial y que consagraba un modelo federal que ha resultado adecuado para renacimiento de Alemania pero que ahora impedía claramente una evolución del país acorde con los tiempos nuevos. Con demasiada frecuencia, las reformas impulsadas por la Cámara Baja, el Bundestag, eran vetadas por la Cámara Alta o Bundesrat. Por ello, los dos grandes partidos, por consenso, han promovido una reforma que, en esencia, reduce del 60 al 37% las leyes emanadas del Bundestag que requieran la ratificación del Bundesrat; refuerza los poderes del Gobierno federal en materias de seguridad, justicia y lucha antiterrorista, así como en energía nuclear, y atribuye más competencias a los länder en política medioambiental, vivienda, educación, horarios comerciales, prisiones y administración de funcionarios.

La causa de la disfunción alemana estribaba en el distinto origen de ambas Cámaras y en lo que se ha denominado "la trampa del consenso". Y no está de más dejar constancia de que la reforma constitucional que propone el PSOE en su programa electoral consiste en hacer del Senado una verdadera cámara de representación territorial, también designada por los Parlamentos regionales. Aunque todo indica que de momento va a ser imposible plantear siquiera la reforma constitucional.