LAS recientes elecciones a las Cajas de Ahorro se plantearon por el conjunto de las fuerzas políticas y sociales de Castilla y León con el objetivo compartido de reforzar la estabilidad de estas instituciones y con ella su papel de soporte financiero público al servicio del desarrollo regional. En tan loable propósito, los mismos que han politizado hasta las entrañas nuestras entidades de ahorro, o sea PP y PSOE, admitían la conveniencia de despolitizarlas, o, al menos, de no convertirlas en escenario de cruentas batallas partidistas

Bajo esas premisas, los dos partidos mayoritarios convinieron la necesidad de lograr un consenso en torno a las dos principales Cajas de Castilla y León: Caja España y Caja Duero. El resultado no ha podido ser más dispar y ello a pesar de que ambas entidades afrontaban el proceso desde una misma situación interna de normalidad. La opción de mantener en la presidencia de Caja Duero a Julio Fermoso no admitía discusión. Tanto por su impoluta gestión como, sobre todo, por su perfil personal y profesional, el ex-rector de la Universidad salmantina era la persona absolutamente idonea para seguir presidiendo la entidad. Así lo asumió todo el mundo y el resultado es que Caja Duero sale del trance con reforzada estabilidad institucional y con su prestigio indemne.

Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en Caja España, la otra cara de la moneda en este proceso. Si bien es cierto que su todavía presidente, idónea González, por el mero hecho de ser empresario, no tiene el mismo perfil que Fermoso, no lo es menos que su trayectoria estaba avalada por una buena gestión financiera y, sobre todo, por el logro de una estabilidad inusual en una entidad instalada en la convulsión interna prácticamente desde su misma existencia. Salvo que apareciera alguien capaz de garantizar mejor dicha estabilidad, ello convertía a González en el candidato más apropiado para seguir presidiendo Caja España.

Desde luego quien estaba a priori muy lejos del perfil ideal era Santos Llamas, el candidato elegido para encabezar la candidatura de consenso impulsada por el PP y el PSOE y apoyada a continuación por la Unión del Pueblo Leonés, CECALE, UGT y CC.OO. El conglomerado de intereses económicos que confluyen en este empresario y especialmente su identificación con Agelco (una especie de híbrido entre patronal y cooperativa de constructores leoneses) no le convertían en el candidato más recomendable para presidir la primera entidad financiera de la región. Y por si ello no pareciera claro de antemano, su peculiar campaña electoral no ha hecho otra cosa que evidenciarlo: Lejos de adoptar una actitud lo más neutra, aséptica e institucional posible, al candidato Llamas no se le ha ocurrido otra cosa que exhibir de forma personalista sus negocios particulares con un despliegue propagandístico del corte hortera indisimulable en algunos nuevos ricos.

El escándalo posterior de la compra directa de votos por parte de la candidatura encabezada por el jubilado Pedro Conde ha venido de perlas al bloque del consenso para desviar el foco de atención del ridículo electoral cosechado por la lista oficial, incapaz de captar ni siquiera una mayoría raspada de los votos. Pero el deleznable episodio protagonizado por Conde no debe ocultar el clamoroso fracaso compartido por las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria en Castilla y León, la patronal y los sindicatos.

Incapaces de ejercer una mínima autocrítica y de reconocer el despropósito propio, PP y PSOE se han afanado en promover medidas contra la candidatura de Conde, como si con ello fueran a resolver el verdadero problema de fondo: la inestabilidad que se cierne de nuevo sobre Caja España tras las nuevas paletadas de lodo que acaban de caer sobre su maltrecho prestigio. Lo sensato en estas circunstancias sería replantearse la situación y renegociar otro candidato de consenso diferente a Santos Llamas, como ha propuesto Comisiones Obreras. Pero no es previsible que tal cosa ocurra porque para ello tendrían que tomar las riendas los máximos responsables regionales del PP y del PSOE, es decir, Juan Vicente Herrera y Ángel Villalba, ambos completamente desbordados en toda esta historia por los dirigentes leoneses de sus respectivos partidos.

Si Herrera y Villalba no fueron capaces en su momento de desmontar el 'pacto a la leonesa' urdido entre la presidenta del PP de León, Isabel Carrasco, y el secretario de los socialistas leoneses, Miguel Martínez, no es de esperar que vayan a tener ahora agallas para conseguir que retiren su apoyo a Santos Llamas. Demasiadas hipotecas e intereses entrecruzados se adivinan en León como para romper esa componenda.

Lo ocurrido recientemente con el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO), promesa-estrella de Zapatero, ofrece una pista: el Ministerio de Industria ha rechazado una parcela cedida gratuitamente en el Parque Tecnológico de León y ha preferido pagar a Agelco 1,4 millones de euros por una parcela del polígono residencial La Lastra

Y esto, poco después de que la autoridad del presidente de la Junta en este campo se haya visto de nuevo resentida por el desenlace final de la operación de compra del Grupo El Árbol por parte de una nueva empresa participada en un 40% por Madrigal, la sociedad de inversiones constituida por las seis Cajas de Ahorro de la región. El hecho es que tras las comentadas idas y venidas a la notaría, el grupo de empresarios de la región que ha suscrito el 30% de las acciones ha conseguido imponer su veto al grupo mejicano Inmex, titular de la cadena de supermercados La Soriana, cuya entrada en El Árbol constituía poco menos que una apuesta personal de Herrera a raíz de su viaje el pasado año a Méjico.

Así las cosas, el sino es que, salvo CC.OO., el bloque del consenso mantenga su apoyo a Santos Llamas y este pase a presidir contra viento y marea Caja España. O sea, que la continuidad del culebrón parece garantizada.