El Ministerio Fiscal elevó a definitiva su petición de multas que en su conjunto suman 2.400 euros para ocho jóvenes por faltas de alteración de orden público y deslucimiento, así como 1,5 años de cárcel para uno de ellos y el pago de una indemnización de 696 euros por delito de dados, por su participación en los incidentes registrados en septiembre de 2004 en la Plaza Mayor de Valladolid con motivo del lanzamiento de huevos y limones contra la facha del Ayuntamiento que tuvo lugar durante el Pregón de las Ferias y Fiestas de San Lorenzo.

Antes de que el Juzgado de lo Penal número 3 dejara visto para sentencia el juicio, tras dos maratonianas sesiones, la acusación pública acordó no modificar sus conclusiones por entender que de la prueba practicada había quedado demostrada la culpabilidad de los ocho jóvenes, fundamentalmente gracias a las diligencias realizadas por la Policía Municipal y a las fotografías extraídas del polémico vídeo filmado desde un despacho de la tercera planta del Consistorio y en el que aparecen los imputados arrojando huevos y limones contra el edificio público, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Por ello, para uno de los acusados y supuesto autor del lanzamiento del limón que rompió un cristal, Francisco Javier R.B, el fiscal solicitó 1,5 años de cárcel y el pago de una indemnización de 696 euros en favor del Ayuntamiento por delito de daños, así como una multa de 300 euros y una semana de libertad vigilada por dos faltas de alteración del orden público y deslucimiento, peticiones estas últimas que extendió al resto de imputados, Javier F.P, Benjamín G.E, Raúl G.F, Isaac I.M, Borja G.V, Víctor S.A. y Gerardo Javier R.S.

Las cuatro defensas, por contra, solicitaron una sentencia absolutoria para todos ellos. En el caso de las faltas de alteración del orden y deslucimiento que se imputan a los ocho, los defensores alegaron la prescripción de las mismas ya que, según advirtieron, desde que se produjeron los hechos hasta que se realizó la primera actuación judicial transcurrieron más de seis meses.

Además, los abogados de los jóvenes pusieron en tela de juicio los boletines de denuncia elaborados por la Policía Municipal, ya que algunos de estos escritos no fueron rellenados el día de los hechos sino a posteriori, al tiempo que impugnaron igualmente la grabación puesto la misma se trata de una copia sobre la que no hay garantías de que no haya sido manipulada. AUSENCIA DE PRUEBA PERICIAL

En el caso del único joven acusado de delito de daños, su abogada, Doris Benegas, tras solicitar también la absolución, criticó que no se hubiera realizado una prueba pericial sobre el valor del cristal fracturado y, sin embargo, se hubiera dado por buena la valoración efectuada por el Ayuntamiento. Tal circunstancia, según advirtió, es de gran importancia ya que en el supuesto de que el valor de los daños fuera inferior a los 400 euros los hechos no serían constitutivos de delito sino de falta.

Durante el juicio, y pese a la existencia de un vídeo en el que algunos de ellos aparecen arrojando objetos contra la fachada consistorial, los imputados reconocieron haber estado ese día en el escenario de los hechos pero clamaron por su inocencia.

La Asamblea de Multados por el Pregón, a través de un comunicado entregado hoy a los medios de comunicación, insiste en que este juicio responde al intento de coartar y reprimir al movimiento juvenil progresista y castellanista de Valladolid para, de forma simultánea, proteger todas las actividades del alcalde, en "numerosísimas ocasiones de carácter antidemocrático y antisocial".

Además, recuerdan que lo ocurrido en el polémico pregón no es sino expresión del rechazo social que el alcalde y su política generan entre buena parte de la sociedad vallisoletana y, especialmente, entre los jóvenes, a la vez que denuncian que tanto ellos como los denunciados por la pedrada de Villalar son "chivos expiatorios de la política represiva del PP".

Asimismo, señalan a León de la Riva como epicentro de casi todas las protestas sociales de la ciudad, lo que, a su juicio, es un claro ejemplo de que representa "la corrupción y la economía criminal y especulativa de Valladolid" desencadenante de todos los pelotazos especulativos ocurridos en la capital. "Además, ha convivido desde su condición de alcalde con actividades directamente criminales como es el caso del narcotráfico, sin mover un solo dedo para combatir esta lacra social".

Los jóvenes juzgados, amén de la pena a la que se exponen, podrían ser también multados cada uno con 3.000 euros por el Ayuntamiento en vía administrativa por estos hechos, conforme al expediente sancionador que se abrió contra ellos y que permanece en suspenso a la espera del resultado de la vía penal.