«Lo siento, solo fue un calentón», justificó hace solo unas semanas una mujer que acababa de denunciar a su marido por malos tratos para retirar la denuncia. Esta situación se repite hasta en el 30% de los casos de víctimas que se deciden a acudir al juzgado y que luego dan marcha atrás y perdonan a sus compañeros antes de llegar a juicio ante el temor a perderlo todo: «Se ven en la calle con 60 años y piensan que más vale malo conocido...», lamenta la abogada de la Asociación Vallisoletana de Víctimas de Agresiones y Malos Tratos, Rosario Achucarro.

La letrada acompañó ayer al presidente regional de Amnistía Internacional (AI), José Manuel Paredes, en la presentación de un informe demoledor sobre el relativo fracaso de la Ley de Violencia Doméstica en vigor desde hace un año. El estudio de AI saca a la luz «los problemas que siguen encontrando las víctimas a la hora de denunciar, la falta de protección efectiva, la ausencia de ayudas o las dificultades para encontrar un centro de acogida en el medio rural», resume Paredes.

Todo ello, unido a la lentitud judicial -Valladolid sigue sin contar con un juzgado específico- conduce a casos como el de la leonesa Julia Alonso, de 39 años, quien murió el 7 de agosto del 2005 a manos de su marido después de pidiera una orden de protección y no se la concedieran porque «el fiscal no vio que hubiera riesgo», recuerda el responsable de AI.

Casos como este, a juicio de Achucarro y de Paredes, podrían evitarse si «las víctimas se sintieran realmente protegidas y amparadas cuando deciden dar el paso de denunciar como en León».

Tampoco las víctimas inmigrantes lo tienen fácil, ya que si son «irregulares y denuncian les abren expediente de expulsión».

Pero la ley integral sigue sin resolver estos y otros problemas como la falta de valoración judicial del maltrato psicológico que puede llevar a una mujer incluso «a perder la conciencia del dinero» o la ausencia de preparación específica de los agentes y sanitarios que atienden a las víctimas.

En Castilla y León

Casi 800 denuncias han interpuesto las mujeres de Castilla y León por causas de agresión. Una cifra que llega hasta el 31 de abril de este año y que puede haberse incrementado durante mayo y junio. El número de víctimas mortales debido a violencia sobre mujeres en la Comunidad asciende a dos durante los últimos seis meses. Las causas de estas agresiones residen, entre otros motivos, en el incumplimiento de sentencias. Además Amnistía Internacional criticó la denegación de las solicitudes de alejamiento, algo que en la región alcanza al 19 por ciento de las denuncias, según informó la delegada en León, Cristina Egido. «Las mujeres siguen recibiendo diferente atención según la comunidad autónoma en la que viva, y hay colectivos que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia», destacó Egido cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la ley de protección integral ante la violencia de género.