La eliminación de España en octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol ha provocado una nueva frustración colectiva en torno a un deporte que concita, además de grandes intereses económicos, una reacción en cadena de los sentimientos y las emociones como ningún otro espectáculo de masas. Y en nuestro país, con un brillante palmarés en competiciones de clubes pero un más que precario balance histórico de la selección nacional, es cierto que la cita de Alemania había suscitado moderadas esperanzas, aunque también alguna euforia desmedida.

Aunque el fútbol es así, según repiten sus protagonistas, pasado el duro trago del partido frente a Francia, la explicación del fracaso español no cabe achacarla al azar, la mala suerte, la falta de inspiración o a un mal día. Siendo cierto que en el deporte todos estos factores pueden afectar al resultado final, también lo es que cuando existe una rigurosa preparación de las bases del deporte y una prefesionalización de sus responsables, tarde o temprano llegan los éxitos. Lo hemos podido comprobar en otros eventos, otros deportes o en las mismas Olimpiadas. El fútbol tiene responsables, y bien acomodados por cierto, para tomar decisiones acertadas o dejar paso a otros. Por muchas estructuras o burocracias que hayan prendido en el deporte rey, el masivo apoyo popular, la ilusión con la que millones de aficionados han seguido los pasos de la selección, es todo un reto ante el que la Federación Española debe dar la cara.

Caben múltiples consideraciones sobre el fútbol español y sus futbolistas, pero no menos relevante ha sido el fenómeno social que se ha vivido en torno a nuestra participación en este Mundial. Habría que remontarse dos o más décadas para encontrar un seguimiento tan caluroso de la selección nacional, tan numerosas expediciones para asistir a los encuentros en ciudades germanas y, porqué no decirlo, tanta exhibición de los colores de la bandera española.Esto último, aunque solo merezca la categoría de síntoma, tiene más relevancia que habernos quedado, como siempre, a las puertas de cuartos de final. Pero los síntomas, como los gestos y los símbolos, han de ser interpretados razonablemente para ponerlos en valor.

Justicia con retraso

El 'caso AVE' fue un escándalo de financiación ilegal protagonizado por el PSOE a finales de los a los ochenta. Evocar tal cosa no es ocioso porque muy probablemente pocos recordarán ya aquel remoto episodio que ahora acaba de zanjarse en los tribunales: la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia de 370 páginas, ha absuelto al ex ministro socialista de Sanidad y presidente de Renfe de entonces, Julián García Valverde. Dos miembros del aparato del Partido Socialista y los responsables de Siemens y de la consultora GMP, han sido condenados a un año de cárcel y a multas por un delito de falsedad. El que fuera responsable de finanzas del PSOE Guillermo Galeote ni siquiera ha sido juzgado porque su delito habría prescrito.La juez del caso considera que no hay pruebas para concluir que los hechos juzgados constituyan un delito de cohecho, y de ahí las mencionadas absoluciones, si bien las leves condenas dictadas parecen confirmar que existieron ciertas irregularidades, que evidentemente no han podido ser identificadas en su integridad.

Como es obvio, aquellos remotos sucesos han perdido hoy toda relevancia ya que las responsabilidades políticas que derivaron de ellos han sido ha depuradas y zanjadas en las urnas en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la publicación de la sentencia cuando han transcurrido casi veinte años de los acontecimientos juzgados constituye un verdadero sarcasmo, que reduce a cenizas los grandes preceptos constitucionales. Es evidente que el ex ministro García Valverde tuvo que soportar, además de la pérdida de la carrera política, una postergación social que ahora se revela injusta. No es la primera vez que sucede tal cosa (el ex presidente de Castilla y León Demetrio Madrid también tuvo que dimitir en los años noventa, mucho antes de que un tribunal lo absolviera de unas acusaciones infundadas), pero debería evitarse que siguieran ocurriendo episodios de esta naturaleza en el futuro. Estos hechos ponen en evidencia que la judicialización de la política, -práctica a la que tan aficionados son los propios partidos- es un arma política que puede dar resultados a muy corto plazo arrojando la sombra de la sospecha sobre el adversario, al mismo tiempo, activa los mecanismos jurisdiccionales que ya son imparables con sus interminables procedimientos de apelaciones y recursos. En ese momento pierde todo interés para los partidos que la activaron pero el acusado se queda impotente atrapado en la madeja judicial.