El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer en defensa del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska tras las críticas recibidas por imputar al dirigente del PNV Gorka Aguirre y ordenar la detención dos empresarios navarros por la trama de extorsión a ETA. La Comisión Permanente del Poder Judicial acordó ayer un escrito en el que pide que cesen «los ataques personales» que buscan «deslegitimar» la actuación del instructor. Según el órgano de gobierno de los jueces, «el cúmulo de descalificaciones realizadas por distintos responsables políticos» al trabajo de Grande Marlaska no están amparadas en la «siempre lícita y deseable» libertad para criticar las resoluciones judiciales. Estas descalificaciones -entiende el CGPJ- han «sobrepasado los mínimos cánones de racionalidad» y «resultan incompatibles con el debido respeto al Poder Judicial». El escrito asegura que los ataques no han buscado «la crítica de las resoluciones», sino «la deslegitimación social del magistrado».

«El Consejo General del Poder Judicial hace una llamada al respeto que merecen en todo caso las resoluciones adoptadas por los integrantes del Poder Judicial y solicita que las críticas que se realicen a propósito de ellas no traspasen los límites que impone el principio de división de poderes inherente al Estado de Derecho», concluye el acuerdo de la Comisión Permanente. Este texto de apoyo a Grande Marlaska contó el voto en contra de dos de los magistrados de la minoría progresista, Juan Carlos Campo Moreno y Luis Aguiar de Luque, quienes sostienen que las críticas a la actuación del juez formar parte de la libertad de expresión.

Según informó a los periodistas el portavoz del CGPJ, Enrique López este acuerdo se realiza con «carácter general», no se refiere a «nadie en concreto», «ni a una declaración concreta», sino que «estamos valorando ese cúmulo que se ha producido de declaraciones de representantes de partidos políticos y de diputados». Preguntado sobre los votos en contra López contestó que tanto Campo como Aguiar han manifestado que «gran parte de esas declaraciones se asentaban en el ejercicio libre de las críticas a las resoluciones judiciales y como tal debían de ser asumidas y aceptadas». «Lo que pedimos en el fondo es que cuando se critiquen las resoluciones judiciales se haga desde la racionalidad y con criterios técnicos», dijo.