«Ninguno de nosotros ha estado ni negociando ni rebajando la extorsión». El ex presidente del PNV Xabier Arzalluz fue tajante ante el juez Fernando Grande Marlaska, quien ayer le interrogó como testigo en el sumario abierto contra la red de chantaje de ETA. El veterano político, que durante los 50 minutos de declaración negó con insistencia que su partido haya mediado nunca en los pagos a la banda, denunció a la salida del juzgado la «politización de la justicia» y advirtió que esta dinámica puede conducir a que el PNV «impugne la Constitución».
El ex dirigente nacionalista llegó a la Audiencia Nacional a las 9.50 horas, escoltado por un nutrido grupo de policías y por buena parte de la plana mayor de su partido. Según sus propias palabras, fue preguntado sobre un 'pinchazo' telefónico en el que Arzalluz hablaba con su interlocutor sobre la «preocupación» que la recepción de una carta de extorsión recibida tras el alto el fuego había provocado en un empresario. El ex presidente del PNV dijo que en esa conversación no se habló de si se debía pagar o no, sino que el político dejó claro que «no aceptamos una tregua con extorsión».
Explicó que en su formación existe una «ley interna por la que se prohíbe a cualquier afiliado del PNV a pagar ningún impuesto ni a ETA ni a nadie, so pena de expulsión». El político vasco, no obstante, señaló los cambios que, en su opinión, se han detectado en las cartas enviadas por ETA tras el alto el fuego. Así, destacó que tienen «otro tono». «Vienen prácticamente a pedir la colaboración para el proceso de paz», destacó.
Por su parte el presidente del PNV, Josu Jon Imaz aseguró ayer que su partido arropará hoy a Gorka Agirre cuando vaya a tomarle declaración el juez Marlaska ante «la absoluta confianza en su inocencia».
Entre tanto, el juez continuó ayer la instrucción del sumario con la detención en Guipúzcoa de dos nuevos implicados en la trama de extorsión. Se trata de Emilio Castillo González de Mendívil y de José Ignacio Elosúa Urbieta, que es hermano del presunto jefe en España de la red de extorsión.
Otra investigación
Marlaska mantiene en secreto desde hace un año una investigación sobre el cobro del 'impuesto revolucionario', al margen de este último sumario, según se desveló ayer. Una decena de empresarios ya han sido interrogados en la causa abierta en el 2005.