El proceso judicial arrancó con un recurso contencioso administrativo interpuesto por la federación de Enseñanza de CC. OO. ante la congelación salarial impartida por el gobierno del PP para los empleados públicos en 1997.

El sindicato basó su protesta en la existencia de un acuerdo suscrito entre los representantes de los trabajadores y la Administración, que abarcaba tres años -1995, 1996 y 1997-, cuyo texto consideró incumplido al suprimirse la revisión salarial pactada. La central situó en medio billón de las antiguas pesetas la revalorización reclamada.

En 2001, la Audiencia Nacional afirmó que la Administración estaba obligada a negociar la actualización del salario del colectivo afectado. Aquella sentencia era firme, pero el Gobierno recurrió en defensa de la división e independencia de poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- y quedó invalidada por el Tribunal Supremo.

CC. OO. presentó un re- curso de amparo ante el Constitucional, cuya respuesta fue negativa para las pretensiones de la central. En el auto se alegaba que las circunstancias concurrentes a finales de 1996 y durante el ejercicio 1997 fueron diferentes a las existentes en el momento de alcanzar el acuerdo trianual. El Alto Tribunal español reflejó que la actuación del Gobierno no fue arbitraria o manifiestamente irracional.

Entonces CC. OO. decidió acudir a Estrasburgo y reforzar su postura con la recogida de firmas. Perona señaló que el Tribunal de Derechos Humanos dictará sentencia en un año y para saber si habrá vista pública será preciso esperar otros seis meses.