CC. OO. entregó ayer 160.000 firmas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en defensa de los intereses de los empleados públicos, entre las que figura la del secretario general de la central, José María Fidalgo.

En concreto, los trabajadores denuncian la congelación salarial que padecieron en 1997 y la vulneración del acuerdo entonces vigente. El sindicato espera reunir otras 40.000 «personaciones» antes del 15 de julio, fecha en la que termina el plazo para la presentación de firmas. La letrada del sindicato, Carmen Perona, informó que abogados de Estrasburgo mantienen que los gobiernos españoles «incumplen constantemente normativas comunitarias».

Vista pública

En sintonía con esta opinión, Perona adelantó que CC. OO. prepara otra nueva denuncia sobre la «homologación de títulos». De momento, el elevado número de firmas contra la congelación salarial provocará (casi con toda seguridad) una vista pública, según la abogada sindical. «Si esto se confirma, en la Sala se sentarán los letrados del Gobierno y de CC. OO.», añadió.

Por su parte, José María Fidalgo explicó que su central no pretende recuperar el dinero adeudado a los trabajadores por la decisión del Ejecutivo de 1997. Explicó que sí al final Estrasburgo se pronuncia a favor de los empleados públicos, lo que ocurrirá es que se abrirá una negociación. Insistió en que el objetivo principal de la protesta no es recuperar el dinero de los atrasos sino denunciar la vulneración de derechos fundamentales como la libertad sindical «violentada» por el Gobierno español al negar a los empleados públicos la posibilidad de negociar. «Han pasado muchos años (desde que se inició el conflicto) pero los derechos no son efímeros. Los convenios que se firman se tienen que aplicar», dijo.

Fidalgo explicó que las firmas se presentan para que el Tribunal vea que no es solo el sindicato el que denuncia «la violación de un derecho humano», sino que son también los propios empleados públicos los que se adhieren a la defensa de sus derechos.