El ex presidente del PNV, Xavier Arzallus, visiblemente irritado por el hecho de que un juez quiera «criminalizar» al PNV, negó ayer, tras declarar como testigo ante Grande-Marlaska, que alguien del PNV haya «negociado cualquier extorsión de ETA» y lanzó amenazantes exabruptos contra el sistema; hoy declarará su compañero Gorka Aguirre. Aunque el celo de un juez en la persecución del delito siempre sea encomiable en principio, resulta muy difícil no advertir en los aspavientos de este magistrado una cierta impericia, agravada quizá por el hecho de que el sábado concluya su comisión de servicio en la Audiencia Nacional por el regreso del juez Garzón. La extorsión practicada por ETA desde hace cuarenta años es asunto muy trillado jurídica y judicialmente como para que un joven juez quiera descubrir ahora el Mediterráneo e implicar a organizaciones y empresarios que en todo caso han sido víctimas del problema.