EL primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, ha presentado al Parlamento de su país un plan de diálogo y reconciliación nacional para tratar de evitar una guerra civil interétnica. El mensaje central que el primer ministro intenta hacer llegar a todos los ciudadanos de Irak es que la violencia destruye la oportunidad que se presentaba tras la caída del dictador Sadam Husein y que ha llegado el momento de que todas las facciones se integren en el proceso de estabilización. Para los que estén dispuestos, Maliki ha ofrecido una rama de olivo, y para quienes lo rechacen, el primer ministro ha augurado duras medidas contraterroristas.

El documento de 24 puntos presentado ayer debe ser aún debatido, y seguro que suscitará un amplio debate interno, pero será aprobado con toda probabilidad gracias a que el sujeto esencial al que va dirigido, la comunidad suní, ya ha anunciado a través del Frente de la Concordia que lo respalda. Pero esas buenas intenciones deberán superar las incógnitas que se plantean sobre el núcleo central de la cuestión: quién y bajo qué criterios podrá ser amnistiado si decide dejar las armas y el calendario de la eventual retirada de la coalición; porque si bien se reitera que en año y medio los iraquíes se habrán hecho cargo de todas las tareas de seguridad, nada se dice de la presencia extranjera. La primera versión, que presentó como 'amnistiables' a quienes no tuvieran sangre iraquí en las manos, fue abandonada porque parecía comprender a quienes hubieran matado a soldados de la fuerza multinacional, y se ha optado finalmente por una fórmula deliberadamente vaga -se cita solo a quienes «no han cometido crímenes contra el pueblo iraquí»- que prevé, además, indemnizar a los injustamente encarcelados y a las familias de los muertos en acciones del Gobierno o de sus socios extranjeros, excarcelaciones rápidas y el fin de la proscripción en la función pública para antiguos baasistas. Donde Al Maliki se ha mostrado inflexible ha sido en su reafirmación de que ninguna medida que no sea llevarlos ante la Justicia está prevista para los dos grupos clave de la rebelión armada y sus expresiones terroristas más sangrientas: los seguidores de Al Qaida y los 'sadamistas'.

El plan del primer ministro asume riesgos inevitables y de segura tensión, como ocurrirá con el recién creado Consejo Nacional para el Diálogo, donde se detallará qué se puede hacer, con quién y a qué precio. Pero es imposible no defenderlo porque se ajusta a la realidad del país y, sobre todo, porque conceptualmente se basa en la convicción tácita de que un desenlace aceptable para todos solo podrá ser resultado de una negociación política e intercomunitaria.

Negocio de la droga

Entre las jornadas mundiales con más carga simbólica que otra cosa, la de hoy, Día Mundial contra la Droga, se ha salido en esta ocasión del formalismo rutinario gracias a que su institución auspiciadora, la ONU, la ha acompañado del interesante Informe sobre las Drogas, referido al 2005. Se trata de un análisis exhaustivo de las cifras de producción de cada clase de droga y del volumen de negocio que generan, que configura una dimensión más real de esta amenaza a la salud y a la vida.

El combate contra la droga ha de poner énfasis en la persecución de sus redes económicas y financieras, o resultará inútil. El estudio de la ONU calcula que solo el mercado minorista de la droga asciende a 322.000 millones de dólares anuales, una cantidad que no alcanzan el PIB del 90% de los países. Ese dato basta para entender la capacidad y los recursos de los que dispone esa red criminal. Es esta una consideración vieja, pero a la que se resisten ciertos gobiernos, bien por ser de países productores, bien por ser rehenes de la corrupción. No en vano el director de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito sostiene que la producción y el tráfico de drogas obedecen a motivos económicos. Si aquella cifra de decenas de miles de millones de dólares facturados por el 'menudeo' puede impresionar, lo verdaderamente dramático es que semejantes caudales salen de los bolsillos de los consumidores particulares, y se desata así la espiral drogadicción-delincuencia para obtener dinero. Y ello en un mercado sin controles, donde solo impera la ley de la selva, con cifras de negocio que, pese a su reprobable origen, en su mayor parte terminan pasando por circuitos financieros legales, que es donde debe arreciar su persecución.