La puesta en libertad, el 10 de junio pasado, de cinco atracadores pillados 'in fraganti' por los GEO cuando penetraban en una sucursal bancaria para desvalijarla, derivó ayer en un enfrentamiento entre la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Policía. Ambas instituciones se culparon de las presuntas negligencias que condujeron a la puesta en libertad de los ladrones, a quienes un juzgado de Vigo investigaba desde muchos meses antes por su vinculación con otros atracos. Tres de los delincuentes fueron arrestados de nuevo el jueves por la noche.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tachó de «manifiestamente irregular» la operación realizada el pasado día 8 por la Policía, que filmó y capturó a los ladrones en el momento en que accedían a unas oficinas de La Caixa, en Madrid, a través de su sistema de ventilación y exige que lo sucedido «no se repita jamás». Dos días después, el juez de guardia les dejó en libertad tras no hallar la fiscal evidencias de delito en el atestado policial. Ayer, la Dirección General de la Policía difundió un comunicado en el que acusa a la fiscal y al juez de no revisar las pruebas puestas a su disposición, en concreto el vídeo del asalto a la sucursal, emitido dos días después por varias televisiones.

El comunicado redactado por la cúpula policial describe como «correcto» el trabajo realizado por los agentes del GEO. Asimismo, acusa a la fiscalía de provocar, el pasado jueves, «riesgo de fuga», al hacer pública Conde-Pumpido una instrucción dada a los fiscales de Madrid y Vigo, a quienes ordenó instar la detención e ingreso en prisión de los atracadores.

Las declaraciones de Conde- Pumpido provocaron la respuesta airada de los sindicatos policiales SUP y CEP, que pidieron respeto por el trabajo de los agentes y señalaron que, de existir alguna irregularidad, la cometió la fiscal. «En el atestado y en las diligencias no hay irregularidades. Si quiere buscarlas, que las busque en su institución y en la actuación constante de sus fiscales», afirmó un portavoz del CEP.El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ha denunciado al fiscal que no pidió la prisión para los cinco supuestos atracadores.

En opinión de este colectivo, la credibilidad del Ministerio Fiscal ha quedado con este hecho «gravemente dañada, así como el principio de seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva». Añaden los representantes del colectivo que la alarma social «creada ante tamaño escándalo» exige que se depuren las responsabilidades pertinentes.

Por otra parte, tres de los cinco atracadores dejados en libertad por la juez de Madrid fueron detenidos el jueves por la noche en Vigo. Uno de ellos, Bernardino Muñiz, vecino del municipio coruñés de Boiro, fue capturado en la playa de Patos, en la localidad pontevedresa de Nigrán, y ya pasó a disposición judicial en Vigo. Poco antes de ser detenido, había puesto una denuncia ante la policía tras encontrar destrozada la puerta de su vivienda.

Entrega voluntaria

Fuentes de la investigación señalaron que la policía espera que en las próximas horas se entreguen los otros dos miembros de la banda, uno de ellos, su supuesto jefe, el vigués Fernando González Fernández.