LA cumbre europea que concluyó ayer en Bruselas no ha producido grandes resultados e incluso ha sido considerada como una reunión de trámite. Nada parece que pueda ocurrir, en relación a la crisis política que atraviesa la Unión, antes de las elecciones francesas y holandesas del 2007, y los jefes de Estado y de gobierno de los Veinticinco solo se han puesto de acuerdo para seguir 'reflexionando' dos años más sobre la fallida Constitución; lo que no deja de ser un grave error estratégico, porque en ese texto no se encuentran ya las claves para resolver los problemas de los europeos.

De entre esos puntos concretos abordados, hay que resaltar que Francia, Austria y Holanda, aprovechando la parálisis política, han conseguido que el término 'capacidad de absorción' europea se acepte para decidir sobre nuevas ampliaciones, lo cual es una manera de ralentizar el crecimiento de la Unión a partir de la entrada de Bulgaria y Rumania en uno o dos años. También se han rebajado sustancialmente las expectativas sobre el desarrollo de la futura Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión, que debería empezar a funcionar en enero del 2007, y sobre cuya estructura no parece fácil encontrar consenso. Pero, afortunadamente, no todo han sido frenos o parálisis; los Veinticinco sí han tomado algunas decisiones positivas. Por un lado, Eslovenia será miembro de la moneda única en breve y Lituania tendrá que esperar hasta que cumpla todos los criterios, lo que añade credibilidad al euro. Por otro, los parlamentos nacionales tendrán a partir de ahora la capacidad de debatir con la Comisión Europea las propuestas legislativas antes de que estas vayan adelante y el Consejo de Ministros de la Unión dejará de legislar a puerta cerrada, abriendo sus sesiones al público.

El Gobierno español se ha concentrado en procurar que la política de inmigración europea progrese a través de una combinación de medidas de cooperación en asuntos de justicia y seguridad y de política exterior, sobre todo hacia África. Pero estas medidas no se han especificado mucho y aunque el presidente, Rodríguez Zapatero, afirmaba sin titubeos que Europa se «ha puesto al frente» del problema de la inmigración, lo realmente conseguido ha sido un mayor compromiso de la UE respecto de la todavía muy incipiente Agencia Europea de Fronteras.

Seguridad y coordinación

La actuación de grupos de delincuentes altamente 'cualificados' y muy organizados está poniendo a prueba en los últimos tiempos la coordinación entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y, lamentablemente, en algunos casos se descubren preocupantes disfunciones. Miembros de una banda de atracadores detenidos por los GEO cuando iban a robar en una sucursal bancaria de Madrid, y a quienes la policía atribuye más de una docena de atracos, quedaron en libertad menos de una semana después de haber sido atrapados. La instructora acordó la medida al no pedir la acusación pública el ingreso en prisión. La Fiscalía se escuda en que la Policía no aportó pruebas incriminatorias directas. Ante esto, y pese a que portavoces jurídicos han culpado a los agentes de realizar una actuación precipitada en busca de un éxito mediático, los responsables de las Fuerzas de Seguridad no han ocultado su decepción por el desenlace fallido de su trabajo de detención de unos presuntos atracadores considerados, además, muy peligrosos. La Fiscalía General del Estado, a instancias del Ministerio de Justicia, intenta ahora arreglar el desaguisado, tal vez demasiado tarde.

Es verdad que en ocasiones se levantan falsas expectativas sobre presuntos éxitos policiales que se ofrecen con anticipación y a la búsqueda de rédito político, antes incluso de obtener los medios probatorios concluyentes; o que, para complicar los ya evidentes problemas de coordinación entre policía, judicatura y fiscalía, este caso concreto se ha planteado como un macroatestado en el que se imputan nada menos que 15 delitos en distintas provincias, lo que genera un problema de competencia judicial. También es cierto que un juez no puede dictar prisión sin petición del fiscal, pero no lo es menos que este también está vinculado a la legalidad y que en el presente caso había circunstancias objetivas y un evidente riesgo de fuga y destrucción de pruebas que justificaban la petición. El desafío que representan para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la estructura judicial las nuevas formas de organización y profesionalización de las bandas criminales debe ser afrontado urgentemente desde las instituciones con una adaptación de métodos de trabajo y, especialmente, con una máxima coordinación.