La Comisión Europea presentará el miércoles próximo su plan de reforma para el sector del vino, que podría suponer la desaparición de 400.000 hectáreas de viñedo en todo el territorio comunitario, durante un plazo de cinco años, a cambio de distintas ayudas cuantificadas en un máximo de 2.400 millones de euros. Los principales países productores -Francia, España, Portugal e Italia- han hecho, por ahora, frente común contra el proyecto, que podría llegar a acabar con el sistema actual de subvenciones para, a cambio, asignar un presupuesto fijo a cada Estado miembro.

La responsable comunitaria de asuntos agrícolas y rurales, la danesa Mariann Fischer, ha conseguido que su texto sea visto con recelo por casi todos los países europeos, aunque por distintas razones. En lo poco que existe unanimidad dentro de los Veinticinco es en la aparente contradicción de la comisaria, que ha llegado a plantear cuatro alternativas distintas. Las dos primeras, casi opuestas entre sí, pasarían por mantener el modelo actual con pequeñas modificaciones, o bien, realizar una liberalización casi total del sector.

Las otras dos propuestas pasan por establecer un sistema de 'cheques nacionales' y terminar con las medidas propias de regulación de mercado (destilaciones, almacenamiento...). En un caso, los países elegirían dentro de un paquete de medidas aquellas relativas a la producción que más le interesen. En el otro, se regularía un pago único, que iría acompañado de un programa de fomento de arranque de viñedos.Esta última es la opción que defiende con más fuerza la comisaria.