La policía detuvo ayer a tres de los cinco presuntos atracadores, detenidos 'in fraganti' el pasado 8 de junio por los GEO cuando intentaban penetrar en una sucursal de La Caixa a través de los conductos de ventilación. Los acusados quedaron ese día libres tras declarar ante la juez de guardia, diligencia a la que no asistió la representante del Ministerio Público, que entendió que no había pruebas suficientes para encarcelarlos, a pesar de que la policía los vincula con otra quincena de asaltos a oficinas bancarias de Madrid y Galicia.

Las detenciones tuvieron lugar después de que la Fiscalía solicitó ayer al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid la detención «inmediata» de los cinco presuntos atracadores. La policía trata de localizar a los otros dos sospechosos, pero estos podrían haberse dado a la fuga al saberse buscados.

El cambio de criterio del Ministerio Público obedece, según explicó un portavoz de la Fiscalía, a una instrucción dada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. A raíz de esa indicación «se ha hecho una nueva valoración de los hechos, a la luz de elementos probatorios que, si se hubieran tenido en el momento, se hubiera tomado otra decisión». Se refiere a un vídeo filmado por la policía, que demuestra que los atracadores fueron sorprendidos cuando cometían un delito, y en el que se les identifica con claridad. Esa grabación no llegó al juzgado de guardia el día que se produjeron las detenciones.

El Juzgado de Madrid que se ocupó de este caso se ha inhibido a favor de otro juzgado de Vigo, que investiga desde hace tiempo las actividades de este grupo. Por eso, Conde-Pumpido ordenó también a la Fiscalía de esta ciudad gallega que le pida al juez el encarcelamiento provisional de estos presuntos delincuentes en cuanto sean detenidos. Fuentes del caso señalaron que la policía no les ha perdido la pista a pesar de su puesta en libertad, por lo que podrían ser detenidos en breve.

Investigación interna

La Fiscalía de Madrid anunció ayer que investigará la actuación de la representante del Ministerio Público en este polémico caso para determinar si su actuación fue correcta. No obstante, el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia madrileño, Pedro Martínez, explicó que su subordinada obró «con rigor constitucional, en defensa del Estado de Derecho y de los derechos constitucionales». Según Martínez, la fiscal no pidió ninguna medida cautelar para los atracadores porque «normalmente no se hace» salvo que se trate de grandes delitos financieros.

Las fuentes consultadas reconocieron que este caso ha provocado «cierto enfado» entre la Fiscalía y la Policía, que se culpan mutuamente de lo ocurrido. La Fiscalía reprocha a los agentes que no pusieran el vídeo a disposición del juzgado y que, sin embargo, lo difundieran a través de los medios de comunicación cuatro días después. Por su parte, los sindicatos policiales defienden la actuación de los policías y acusan a los fiscales de «desconfiar» de su trabajo. Para aclarar los hechos, el PP pidió el miércoles la comparecencia del fiscal general en el Congreso de los Diputados para que «explique las instrucciones que dessde la Fiscalía se imparten a los fiscales en relación con la solicitud de medidas cautelarres respecto a detenidos pertenecientes a bandas organizadas».