LAS continuas subidas en los precios del petróleo están causando serias preocupaciones en las economías más desarrolladas, ya que los elevados niveles de vida de su población solo son posibles en la medida en que pueda asegurarse una corriente de suministros energéticos abundantes y baratos. El efecto más inmediato para los países que, como España, deben importar una parte importante de la energía que consumen, es el aumento del precio de la energía, pero la consecuencia más importante es la pérdida de renta que ello implica, ya que cada vez que el precio del barril de petróleo sube, para comprarlo debemos dar a cambio una mayor parte de nuestra producción, de manera que en la medida que los exportadores de petróleo se hacen más ricos nosotros nos hacemos más pobres. Sin embargo, la mayor gravedad de este problema es que puedan producirse dificultades en el suministro, ya que ello tendría graves consecuencias, como es fácil de entender si imaginamos una larga huelga de gasolineras combinada con cortes en el suministro eléctrico. Parece, por tanto, necesario impulsar decididamente una política energética que sea capaz de reducir la dependencia de los hidrocarburos, tanto del petróleo como del gas natural, ya que la concentración geográfica de sus yacimientos en zonas geopolíticamente muy inestables y el crecimiento de su demanda, impulsada por el acceso al desarrollo de los grades países asiáticos, auguran dificultades a medio plazo. Por otra parte, la cada vez más confirmada hipótesis del calentamiento global, exige encontrar lo más rápidamente posible alternativas a los combustibles fósiles, ya que son ellos, en gran parte, los causantes del problema.

En este sentido, no deja de ser curioso como se han olvidado algunas de lecciones aprendidas en la anterior crisis petrolera, concretamente, la necesidad de diversificar las fuentes, a fin de reducir la dependencia del petróleo y minimizar los riesgos de un desabastecimiento. La caída de los precios de los hidrocarburos en la segunda mitad de los ochenta nos lo hizo olvidar, y así, la energía elegida para alimentar el crecimiento de la economía española de la última década ha sido la proveniente de los hidrocarburos, que han pasado de suponer el 62% del suministro energético en 1994 a representar el 69% en el 2004.

Una lección que afortunadamente se aprendió con más provecho fue la necesidad de trasladar lo más rápidamente posible los aumentos en el coste de la materia prima a los precios de la energía final; el retraso en este proceso, como ocurrió en España en los setenta, tuvo unas secuelas sumamente costosas, ya que al seguir siendo barata para el consumidor, el sistema económico no se adaptó a la nueva situación y se volvió ineficiente, lo cual se tradujo en elevadas y persistentes cifras de paro. El rápido traslado del incremento de coste es la mejor medida posible para afrontar el problema, las empresas introducirán rápidamente medidas de ahorro y aumentaran su eficiencia energética, los consumidores racionalizaran su consumo, y las empresas más innovadoras encontraran nuevas oportunidades para poner en marcha nuevos negocios basados en fuentes alternativas de energía.

En este punto cabe preguntarse si el mercado por si solo es capaz de dar una solución óptima al problema, y la respuesta es fácil, solo debemos preguntarnos, ¿cuándo encendemos la calefacción o llenamos el depósito del coche, nos acordamos de que estamos contribuyendo al calentamiento del planeta o de lo malo que es depender del petróleo? Si la respuesta es no, entonces es preciso que el Estado ponga en marcha políticas destinadas a lograr esos fines, lo cual puede conseguirse estableciendo un sistema de incentivos que favorezca la producción y el consumo de energías no provenientes de los hidrocarburos fósiles. Dado que los precios de las materias primas experimentan variaciones cíclicas, es importante que estos estímulos estén diseñados para evitar que una caída de los precios del petróleo arruine a los inversores, y retrase los programas de investigación y sustitución, poniéndonos, cada vez más, en manos de unos proveedores, que conscientes de su poder, manejan los precios en su beneficio.

Con cierto retraso con respecto a países como Alemania, España ha puesto en marcha políticas destinadas al fomento de las energías renovables, habiéndose concentrado hasta ahora en la producción de electricidad, donde se están logrando incrementos significativos, mediante la fijación de un precio especialmente favorable a la generación de electricidad verde. Sin embargo, poco se ha hecho en materia de promoción de los biocombustibles, campo especialmente importante ya que a falta de un mayor desarrollo de las pilas de hidrógeno, constituyen la única alternativa viable al petróleo en el sector del transporte. La existencia de un decidido interés por parte de importantes grupos empresariales debe ser aprovechado por las autoridades públicas para lograr su implantación en el mercado.

Pero lo anterior no debe ocultarnos que las renovables, proporcionaron en el 2004 en torno al 6% de la energía en España, y que no resulta previsible que puedan ir mucho más allá del 12% en el 2010, y eso si conseguimos moderar el consumo. En consecuencia, la reducción de la dependencia de los hidrocarburos fósiles no es sencilla, ya que las alternativas disponibles son, por una parte el carbón, aunque desde el punto de vista del calentamiento global empeoraría la situación, y por otro la energía nuclear, con el problema de los residuos radioactivos. Como el asunto no es baladí, sería deseable que la sociedad española, entre estatuto y estatuto encontrara un momento para discutir este asunto, ya que de no hacerlo podemos acabar pasando mucho frió en los inviernos tan autonómicos que se avecinan.