EL debate sobre el Estado de la Región celebrado ayer en las Cortes regionales dejó una muy preocupante conclusión que el presidente de la Junta puso sobre la mesa de la discusión: si el recorte del dinero de la Unión Europea es tan contundente para Castilla y León como ha avanzado un informe técnico dado a conocer anteayer en Bruselas, el Ejecutivo autonómico deberá empezar a reducir parte de los servicios que presta a los ciudadanos. Lo que en otro foro podría ser interpretado como una simple exageración, haberlo pronunciado en la sede parlamentaria lleva no solo a no echarlo en caso roto, sino a exigir que el asunto no se quede exclusivamente para el Diario de Sesiones de la Cámara.

Las estimaciones de Bruselas establecen un recorte aproximado de cuatro mil millones de euros para el nuevo periodo financiero de la UE, 2007-2013 en fondos estructurales y de cohesión, es decir los que han permitido desarrollar años atrás importantes inversiones en infraestructuras de comunicación (autovías, aeropuertos), medioambientales (depuradoras) y otras relacionadas con uno de los elementos diferenciadores de Castilla y León, el medio natural. Si a ese recorte multimillonario se añade que la Junta va a tener menos capacidad de gestión sobre los fondos que lleguen, porque el Gobierno central se reserva un mayor porcentaje sobre el que decidir, el resultado es, según Herrera una rebaja de ingresos desde las arcas europeas cuya traducción a la realidad es alarmante: menos servicios públicos.

Lo primero que hace falta es que el presidente concrete. ¿En que basa esa seguridad de que serán recortados servicios? Es de suponer que tiene hecha una proyección sobre qué materias se verán afectadas y, por eso, está obligado a decir de qué tipo serán.

En segundo lugar, es necesario que se abra un debate al más alto nivel político en Castilla y León -del mismo rango que el del Estatuto de Autonomía o la defensa del territorio que hace años pusieron en marcha todos los partidos parlamentarios cuando la reivindicación sobre Treviño- para buscar una estrategia común. Sea cual sea el Gobierno que salga de las urnas en Castilla y León en mayo del 2007, tendrá que gestionar menos dinero. Por tanto, el problema es de los condierados 'de comunidad', no de partido o de grupo político. De ahí que ayer extrañara la reacción del resto de grupos de la oposición a la advertencia presidencial sobre ese recorte de serv icios: pasaron, en el mejor de los casos, de puntillas, evitado la discusión o el ofrecimiento de colaboración. Los ciudadanos tienen que conocer cuáles serían los afectados y cómo, por tanto, va a afectarles eso a su vida diaria. Si con el dinero de Europa se ha iniciado una senda de desarrollo de la comunidad, según resaltan todos los análisis y estudios efectuados hasta el momento, el recorte motivará un claro retroceso. Ahí es donde radica la mayor preocupación que provoca lo dicho por Herrera ayer en la Cámara.

De que tal advertencia sea creible dependerán los pasos que dé el propio presidente y su partido. Por de pronto anunció ayer que ha pedido una entrevista a Zapatero, con urgencia; pero no basta si ese encuentro no va a compañado de un consenso dentro de la comunidad autónoma que involucre a las principales fuerzas políticas, sociales y económicas.

Ese debate debe ir paralelo al que ha de conducir a una única postura, también 'de comunidad', para tratar de que la revisión del sistema de financiación autonómica, ahora en ciernes, no sea tan perjudicial como se ha anunciado desde algunos ámbitos. Si el PP y el PSOE van por separado en esta materia, es que no les quedará ni un mínimo espacio de trabajo conjunto por la región y eso será no ya preocupante, sino casi catastrófico.

Producción legislativa

El debate celebrado ayer dejó un dato para la esperanza respecto al sistema político-administrativo de Castilla y León. Si las Cortes son capaces de aprobar las leyes en marcha y las cuatro nuevas que anunció Herrera que enviará en los próximos meses antes de las elecciones del 2007, resulta que el sistema parlamentario habrá alcanzado una madurez digna de elogio. De aquí a la disolución de la Cámara ha de ser aprobado aún el presupuesto de la comunidad del 2007. Hasta hace un par de años, la entrada de esa ley en la Cámara, paralizaba en la práctica el resto de asuntos y leyes en tramitación. Ahora, resulta que es posible que se aprueben otras cuatro leyes.