EL suicidio de tres presos en el campamento de Guantánamo -dos saudíes y un yemení- ha vuelto a colocar en el centro de las críticas a la Administración Bush por permitir ese limbo jurídico en el que más de cuatrocientos 'combatientes extranjeros' permanecen a la espera de un proceso legal que nunca llega. Pocas políticas de Washington cuentan con un frente de oposición tan amplio -incluso entre sus aliados británicos- como ese centro de reclusión en suelo cubano. Y, desde luego, la primera reacción de los norteamericanos, que calificaron los suicidios, no como fruto de la desesperación, sino de «acto de guerra asimétrica» contra Estados Unidos, no va a ayudar a que el resto del mundo deje de clamar contra semejante anomalía. El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, ha sido muy claro al decir que tratar la muerte como «acto de propaganda» es «excesivamente ligero».

Desde su creación tras la guerra de Afganistán, Guantánamo no ha sido otra cosa que el peor error estratégico cometido por el equipo de George Bush en su guerra contra el terrorismo. Un error táctico que puede perfectamente considerarse el precedente de lo que después estalló en Abu Graib y que, lejos de haber conducido a Washington al éxito en la lucha antiterrorista, se ha convertido en una impagable baza para los fundamentalistas. Guantánamo es el peor lastre para la imagen internacional de EE. UU. y difícilmente esa pérdida de credibilidad y legitimidad que le supone a la Casa Blanca se podría justificar por las informaciones conseguidas de los allí retenidos. Lo importante en la lucha antiterrorista no es tanto acabar físicamente con la cabeza de la hidra, sino cercenar su capacidad de regeneración. Y para esto, tan importante como eliminar a los líderes terroristas es drenar su base ideológica y su cantera. Que Al Qaida haya tardado apenas tres días en encontrar al sustituto de su máximo líder en Irak, Al Zarqaui, da una idea de lo importante que es también la batalla moral en la derrota del terror.



Explotación infantil

Desde la perspectiva de un mundo que debería tener como uno de sus objetivos prioritarios la protección de la infancia, resulta difícil de asumir que más del 15% de los menores de edades de entre 5 y 17 años, 218 millones en el conjunto de países, estén involucrados en diferentes formas de explotación bajo la denominación eufemística de «trabajo infantil». Ese es uno de los datos que, con motivo de la jornada mundial contra tan cruel realidad, han dado a conocer la Organización Internacional del Trabajo y diferentes oenegés. A tenor de la dimensión de aquella cifra, resulta evidente que no merece la misma consideración en todos los países o para todos los gobiernos. La explotación laboral de la infancia no es solo cuestión del rasero cultural con el que se mida, es un problema estructural que apunta a las precarias condiciones de vida, a la desesperación en la que se mueven las sociedades sumidas en la pobreza. Por ello, la acción contra esa lacra ha de ser multidireccional, hacia las familias donde los menores son uno más en la aportación de recursos, hacia las empresas que apoyan su competitividad en la mísera retribución de mano de obra infantil y hacia los poderes públicos que no persiguen o incluso amparan semejantes prácticas. Pero, además, esta cuestión no debe abordarse como un asunto lejano, pues incluso en España persisten algunas formas de esa explotación, no solo en la mendicidad, sino en labores agrícolas donde familias de temporeros acuden a ciertas campañas con sus hijos, que participan en las faenas a costa de su rendimiento escolar.

La OIT constata que en los últimos cuatro años ha descendido un 11% la cifra de niños de ese batallón mundial de trabajo infantil, pero no hay demasiado lugar para el optimismo. De hecho, organizaciones privadas, como Save the Children, aseguran que ha aumentado en algunos países, como Argentina. Y peor aun es el dato de que del total de menores en esa situación, 179 millones de niños realicen trabajos peligrosos, incluidos quienes son forzados a la prostitución, a involucrarse en el tráfico de drogas o a tomar las armas. La explotación infantil es algo más que simples apreciaciones morales o convenciones políticas y merece el boicot, previo a su erradicación, por los agentes de la economía globalizada.