Lleva dos meses en el cargo y ya le llueven denuncias; vertidos contaminantes, los primeros incendios de la temporada, planes urbanísticos sospechosos... Antonio Vercher Noguera es el primer Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, una nueva figura de la recién nacida Ley de Montes. Atesora larga experiencia en la lucha contra el delito medioambiental pero la Fiscalía nace «desde cero». Su prioridad inmediata, coordinar a los fiscales encargados de Medio Ambiente en las distintas instancias judiciales y asegurar una labor eficaz. Los retos son enormes -acabar con la desesperante impunidad de los incendiarios, perseguir tanto desmán urbanístico...- y las expectativas también.

-La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo concita grandes esperanzas, en el Ministerio, entre los ecologistas...

-Las expectativas son un acicate, pero ya advierto que los resultados no se verán en quince días. Desde hace tiempo hay fiscales comprometidos y con ganas de trabajar, pero era necesario un buen sistema de coordinación, fijar prioridades, proporcionar documentación y jurisprudencia, proponer otras actuaciones... en eso estamos.

-Hay muy pocos imputados (no llega al 10%) por incendios dolosos, y aún menos condenados en la cárcel, pero usted dice que el marco legal es adecuado. ¿Qué falla?

-El problema es identificar al autor, porque hay miles de sistemas que le permiten prender el fuego y que se inicie cuando él ya está a 300 kilómetros. La prueba en los delitos de incendio es diabólica; hay que hacer juegos malabares para imputar a alguien. Y otra dificultad es que para ciertos supuestos hay jurado, un gran logro del estado democrático, pero en determinadas zonas la gente no acaba de entender que un incendio forestal sea delito, y se dan situaciones cuando menos llamativas.

-Usted habla de 'desmadre' competencial entre administraciones y entre cuerpos policiales, que dificulta la lucha contra los incendios y la investigación.

-Ya hemos empezado a trabajar. Tenemos una Ley de Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado que no favorece la unificación de criterios. Todos los esfuerzos son útiles, el tema es encauzarlos, aprovecharlos y que no surjan pulsos competenciales. Ése es nuestro siguiente cometido.

-Apuesta por incorporar planteamientos «imaginativos» y «flexibles» al derecho penal contra los incendios. ¿A qué se refiere?

-A menudo hay que utilizar pruebas indiciarias que son muy complicadas. Por ejemplo, si se ha visto a un sujeto en tal sitio una hora después de que prendiera el fuego, media hora antes en un lugar distinto, veinte minutos antes habló con un paisano... hay que hacer toda una reconstrucción para ver si de todos esos datos podemos inferir que el sujeto estaba allí cuando empezó el fuego. Caben, además, las denuncias secretas, no es necesario identificar al denunciante... e imaginación en el sentido de que el ciudadano tiene que cambiar sus esquemas; si sospecha que el tendero es el pirómano lo tiene que decir, por muy majo que sea.

-Los ecologistas señalan al urbanismo desatado como el mayor problema medioambiental en España. ¿Está de acuerdo?

-Si no es el más importante, sí de los más importantes. Un vertido o una emisión contaminante es aún un problema, pero lo tenemos más o menos encauzado. Pero el urbanismo es, desde hace quince años, una avalancha.

-'Caso Marbella' aparte, parecen proliferar las irregularidades urbanísticas, a menudo a costa de espacios naturales valiosos. ¿Qué va a hacer su Fiscalía?

-Tradicionalmente la construcción ha sido una forma de blanqueo. Cuando se construía a pequeña escala, el blanqueo era a pequeña escala. Ahora todo es a gran escala. Nosotros tenemos frontera con la Fiscalía Anticorrupción, estoy en contacto directo con mis compañeros de Andalucía y examinamos temas que, como es lógico, no voy a desvelar aquí.

Mejorable

-¿Es adecuada la legislación para combatir estos fenómenos?

-Siempre es mejorable. De hecho, se me ocurren tres o cuatro artículos más en ordenación del territorio sobre aspectos que podrían considerarse delitos, como las reparcelaciones. Pero también es negativo sobrecargar el Código Penal con demasiadas figuras y artículos.

-Quizá no sirva de mucho modificar el Código Penal si no cambia la financiación de los ayuntamientos, que tienen en el suelo su principal fuente de ingresos.

-Estoy de acuerdo. España está en un buen nivel de represión de la corrupción, pero si hay corrupción en algún sitio hoy, es en los ayuntamientos, en el urbanismo municipal. Es la típica corrupción de 'entendimiento flexible' entre el ciudadano y las autoridades locales. Antes era eso de: 'Oye, voy a hacer un piso o una habitación más. Bueno pues no te preocupes, ya te daremos licencia'. Pero hoy ya no se trata de una habitación más, sino de ocho hoteles, tres campos de golf y 5.000 viviendas. Sin generalizar, ¿sabe la cantidad de alcaldes que hay con problemas con la justicia por estos temas?