LA concentración convocada por organizaciones representativas de las víctimas del terrorismo reunió el sábado en Madrid a decenas de miles de ciudadanos, en muestra de solidaridad y apoyo ante la nueva situación creada con el anuncio de alto el fuego de ETA. Un pronunciamiento que ha constituido un motivo de esperanza para el conjunto de la sociedad; también para las personas y para las familias que más han sufrido a causa de los sangrientos atentados de la banda criminal. Sin embargo, ese incipiente alivio y esa esperanza en buena medida se vuelven contradictorias para las víctimas del terrorismo en tanto que el alto el fuego subraya la crueldad de los crímenes cometidos por ETA contra ellas o contra sus seres queridos. Porque las víctimas perciben que, tras un reconocimiento social inexplicablemente tardío, pueden pasar a albergar sentimientos muy diferentes a los que manifiesta buena parte de la sociedad.

Es evidente que con la declaración del alto el fuego ETA, sus activistas y sus seguidores de la izquierda aberzale tratan de eludir la deuda que deben saldar con la sociedad. Tratan de diluir las culpas personales persistiendo en un relato sectario de lo acontecido, transfiriendo a la historia, al 'conflicto' o a «los Estados español y francés» la carga de su bárbara trayectoria. Es todo esto lo que aumenta el dolor de las víctimas. La sociedad y las instituciones deben tener en cuenta toda esta vertiente de injusticia sobrevenida que se cierne en torno a eso que se denomina 'proceso de paz'. Las instituciones y la ciudadanía entera tienen el deber de procurar que la paz alcance a las víctimas manteniendo vivo el recuerdo y el reconocimiento, compensándolas moralmente y en derechos, reivindicando el papel que les corresponde a la hora de delimitar cómo ha de desaparecer el terrorismo de nuestras vidas. La oposición de los convocantes a la iniciativa emprendida por el presidente Rodríguez Zapatero resulta comprensible en tanto que pudiera facilitar que ETA y sus activistas se agazaparan, eludieran su responsabilidad por el mal causado y pretendieran además dictar las condiciones del final definitivo de la violencia. Pero es necesario que las organizaciones de víctimas, todas ellas, introduzcan matices en la expresión de sus críticas legítimas y eviten, tanto las descalificaciones globales y los juicios de intenciones precipitados, como la exacerbación de sentimientos cuyo reconocimiento social no será mayor porque sean expresados con mayor rotundidad.

La de ayer fue la cuarta manifestación organizada por la AVT, y tenía lugar poco después de que se hubiera desencadenado la controversia originada por el anuncio de que el PSE-PSOE se dispone a entrevistarse con Batasuna, que ha causado la ruptura del consenso entre el Gobierno y la oposición. Sin embargo, esta cuestión vital, sin duda un error flagrante del Gobierno que sí podía generar indignación en las víctimas, fue postergada a un segundo lugar por la AVT, que colocaba en primer término el lema 'queremos saber la verdad', una alusión directa al 11-M y a la versión sostenida por algunos sectores políticos recalcitrantes, según la cual los atentados del 11-M habrían sido cometidos, pese a todas las evidencias, con el concurso de ETA y con la ayuda quizá de siniestros cómplices. Por añadidura, ciertos portavoces mediáticos de semejante especie sembraron la confusión en vísperas de la marcha al agredir mediante graves injurias al alcalde de Madrid, culpable de haber recomendado a su partido que se desmarque de las fabulaciones en torno al 11-M.

Excesos

La inquietud o la indignación que puedan sentir las víctimas por una actuación gubernamental que consideren poco clara, precipitada, excesivamente condescendiente con los terroristas e incluso abiertamente claudicante no les hace poseedores de la razón absoluta, y mucho menos les legitima para aventar sospechas y extender suposiciones infundadas. Es justa su demanda de reconocimiento y su reivindicación de un papel determinante en la definición de lo que ha de ser el logro definitivo del final del terrorismo, aunque eso no evita que puedan ser objeto de crítica cuando, por exceso, acaban utilizando el alto valor moral de su testimonio para poner en duda la entereza de las instituciones del Estado y la actuación de la justicia.