El alcalde de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez (PP), y otros dos acusados, José P.Z. y Javier R.G, negaron hoy que la empresa "Recreativos Dema", de la que los dos primeros eran socios y el tercero director, llevara una doble contabilidad.

La vista oral comenzó hoy en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, donde comparecieron los encausados por tres delitos societarios, por los que la acusación particular pide seis años de prisión en cada caso, mientras que el ministerio fiscal, que les atribuye un solo delito societario, demanda que cada uno cumpla dos años de cárcel.

La empresa "Recreativos Dema" fue creada en 1994 para comercializar máquinas recreativas por Méndez, José P.Z. y el denunciante, que se ocupaban de la administración de la firma y, a finales de 1998, contrataron a Javier R.G. como director de la empresa, según expusieron los acusados en la vista.

Los tres negaron durante su declaración que la firma Dema llevará a cabo una doble contabilidad, ya que era una asesoría externa la encargada de hacer la contabilidad de la empresa, y rechazaron que no facilitaran información sobre la marcha de la empresa al denunciante.

"Apuntábamos todo y se enviaba a la asesoría externa para que hiciera la contabilidad", declaró el alcalde de Arroyo, quien durante el juicio aseguró que fue el denunciante el que "trajo a ese asesor".

Asimismo, el alcalde y José P.Z. coincidieron en declarar que la empresa obtuvo beneficios todos los años, aunque en lugar de repartir los dividendos entre los socios "se decidió pasar estos beneficios a la reserva de la empresa".

Crisis de la empresa

Así lo manifestó José P.Z., quien aclaró que esa situación se produjo cada año, excepto en 1999, periodo en el que sí se repartieron estos beneficios y se "destinaron a completar el capital social" de la firma.

La empresa "Recreativos Dema" sufrió una crisis a finales de 1999 porque una normativa de la Junta de Castilla y León precintó las máquinas denominadas de grúa que Dema distribuía, afirmaron los socios acusados.

Además, a principios de 2000, caducó el plazo de vigencia de los órganos de administración, previsto para cinco años desde la creación, y en ese momento fue cuando el denunciante rehusó formar parte de la administración y "quiso vender sus participaciones al resto de los socios por más de 800 millones de pesetas -más de cuatro millones de euros", declaró el encausado que fue director de la empresa, hasta hace seis años.

Javier R.G. opinó que su abandono de la dirección de la empresa, cuando fue despedido, se produjo porque los otros dos encausados pensaron que podía estar en "connivencia con el denunciante".

Respecto de los avales de la empresa, según los socios acusados, eran ellos los encargados de firma los correspondientes a las cantidades más elevadas, mientras el denunciante rubricaba los de menor cantidad y "nunca sólo".

Además los dos socios encausados reconocieron que el denunciante realizó un préstamo a la empresa de 180.000 euros y aseguraron que impuso la condición de que se le devolviera en efectivo y con un doce por ciento de intereses.

Los socios accedieron al requerimiento del denunciante, de forma que le pagaron cerca de 6.000 euros al mes en concepto de devolución, de lo que "se hacía dos justificantes, una para el denunciante y otro para la asesoría que llevaba la contabilidad", declaró el entonces director de la empresa en la vista.

Está programado que el juicio continúe mañana.