El juez de guardia de Madrid ordenó ayer prisión provisional para los médicos Eufemiano Fuentes y José Luis Merino Batres, eludible bajo fianza de 120.000 euros, mientras que dejó en libertad a los otros dos implicados en la 'operación Puerto' desatada el pasado martes contra una supuesta red de dopaje. Respecto al ex ciclista Alberto León y el segundo director del equipo Comunidad Valenciana, José Ignacio Labarta, el magistrado mantuvo la acusación por un presunto delito contra la salud pública. Tendrán la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado para conjurar el riesgo de fuga.
Los cuatro detenidos fueron trasladados desde las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, donde estaban bajo arresto desde el martes, a los juzgados madrileños sobre las diez de la mañana, aunque el volumen de trabajo del juzgado de guardia de detenidos de la capital provocó que su interrogatorio no comenzase hasta primera hora de la tarde. Así, a última hora de la noche el juez Pedro Antonio Domínguez Morales hizo público el auto que decretaba prisión bajo fianza para Eufemiano Fuentes y el hematólogo José Luis Merino, quien al igual que los otros dos implicados se declararon inocentes ante el juez.
El primer acusado en prestar declaración fue el doctor Merino Batres, ex gerente de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Según fuentes de su defensa, el hematólogo explicó durante más de dos horas su trabajo y la relación que mantenía con Alberto León, José Ignacio Labarta, y Eufemiano Fuentes.
Batres, dueño del laboratorio de análisis clínicos de Madrid que lleva su nombre, alegó en su defensa que es normal que un galeno especialista en hematología mantenga bolsas de sangre en su consulta, y que el tratamiento del plasma sanguíneo no es delito en España, a la espera de que entre en vigor la nueva ley contra el dopaje que se tramita en la actualidad en el Congreso. Según las fuentes citadas, reiteró así lo que ya había declarado con anterioridad ante la Guardia Civil.
Rechazo de acusaciones
El siguiente acusado que compareció ante el juez fue Eufemiano Fuentes. El controvertido ginecólogo también rechazó todas las acusaciones y aplicó la misma teoría que su antecesor en la declaración. Según sus defensores, adujo que es normal que un médico tenga anabolizantes, aunque los haya conseguido fuera de su consulta y aunque la Guardia Civil los haya localizado en dos apartamentos alquilados.
Labarta, apartado cautelarmente el jueves del equipo Comunidad Valenciana, y León, ex corredor de bicicleta de montaña, también se declararon inocentes del transporte y de la compra de productos dopantes.
El quinto detenido en la redada, Manolo Sainz, permanece desde el miércoles en su domicilio de Torrelavega (Cantabria), tras ser liberado por orden del juez de Instrucción número 31 de Madrid, que dirige la investigación y que retomará el caso una vez concluida la puesta a disposición judicial de los detenidos. El director cántabro ha visto como, tras su arresto, la empresa de seguros Liberty ha rescindido el contrato de patrocinio que mantenía con su equipo ciclista.
La Guardia Civil halló el martes 200 bolsas de sangre congelada, jeringuillas, máquinas para la manipulación de la sangre, hormonas del crecimiento y 1.000 dosis de anabolizantes en sendos pisos de Madrid relacionados con Eufemiano Fuentes, un apartamento próximo a la clínica de Merino Batres y una vivienda relacionada con Labarta en Zaragoza. Cada bolsa, de 450 mililitros de sangre cada una, dispone de etiquetas con códigos para identificar a sus destinatarios, ciclistas españoles y extranjeros y otros deportistas.
Una larga lista
La Guardia Civil «no tiene previsto» que haya más detenidos en relación con la operación policial contra el «dopaje sanguíneo» en el ciclismo, anunció ayer el director general de este Cuerpo, Joan Mesquida, quien añadió que «se maneja una lista muy amplia de deportistas» relacionados con este caso. Mesquida, quien hizo estas declaraciones tras la incorporación de 466 nuevos agentes a la Comunidad Valenciana, remarcó que «estas prácticas, o el consumo de estas sustancias», no están tipificadas en el Código Penal luego será la «autoridad administrativa» quien «proceda» contra los usuarios de la red desmantelada.
«Se está analizando abundante documentación» y las grabaciones telefónicas entre los sospechosos, añadió el director general de la Guardia Civil, quien reiteró que este Cuerpo «no va a tomar ninguna medida contra los consumidores» de las sustancias dopantes o contra aquellos deportistas «sometidos» a la autotransfusión sanguínea.