TRAS el escándalo en toda España de las inversiones filatélicas, ha saltado ahora en la Costa del Sol el fraude la multipropiedad, con la detención de ocho personas acusadas de estafar a unos 15.000 clientes, anglosajones y centroeuropeos, por importe de unos 18 millones de euros. Los supuestos estafadores, todos ellos extranjeros y provenientes de las Islas Canarias, habían desarrollado una red de más de 300 empresas y un millar de cómplices que utilizaban métodos que iban desde reclamar fondos para gestiones a los clientes hasta la venta del mismo producto a varios compradores a la vez. El entramado ideado por el cerebro del 'negocio', un tal Willenm Marthius P., oculto tras una tupida malla de testaferros, llegó a la sutileza de organizar una sociedad de falsos abogados que se encargaba de gestionar las querellas a quienes se consideraban estafados. En general, las cantidades sustraídas a cada víctima eran relativamente pequeñas, por lo que muchas de ellas desistían de presentar denuncia.

La llamada multipropiedad, o sector del tiempo compartido, es una forma de acceder al disfrute de un alojamiento amueblado tan peculiar que la legislación vigente -que data de 1998- prohíbe incluso la utilización del concepto de 'régimen de multipropiedad', ya que lo que realmente se adquiere es un derecho de uso sobre el alojamiento. El propietario, además, está obligado a constituir diversos seguros y a mantener la finca así como a prestar una serie de servicios, que puede suministrar él mismo o bien contratar con terceros. El régimen de aprovechamiento por turno de un inmueble debe constituirse en Escritura Pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad y, en general, las asociaciones de consumidores consideran suficiente la normativa, si bien se lamentan de la falta de control de las autoridades de Consumo sobre tales actividades, que han dado lugar a toda clase de abusos y utilización de diversas artimañas legales que debilitan los derechos de los clientes. Conocida es de todos la utilización de técnicas tan agresivas para la venta como la organización de reuniones en hoteles en los que, con el señuelo de un regalo, los invitados permanecen varias horas literalmente asediados por comerciales expertos.

Este nuevo escándalo pone en evidencia que regular legalmente una actividad comercial para asegurar los derechos ciudadanos sirve de poco si el Estado no pone además los medios de control necesarios para prevenir el engaño. Y es que, de la misma manera que, por ejemplo, hay inspectores que evitan el fraude alimentario y el consiguiente riesgo para la salud de los ciudadanos, debería haberlos para controlar ciertos negocios que se saben inseguros y propicios al abuso descarado.

Errores en Irak

Aunque los portavoces de los dos líderes habían dejado claro desde el miércoles que ni el presidente norteamericano, George W. Bush, ni el primer ministro británico, Tony Blair, anunciarían nada 'revolucionario' en relación con Irak, no pudo evitarse que se suscitase una cierta expectación sobre su reunión en Washington y la posibilidad de que se adelantase algún tipo de calendario para una eventual vuelta a casa de las tropas destacadas en Irak. Pero, como se había adelantado, no fue así.

Convencidos de que serán sus sucesores quienes tomen algunas medidas que ya apenas caben en sus respectivos calendarios políticos personales, Bush y Blair se limitaron a reconocer que han cometido errores -la traumática 'desbaazificación' tras el fin de las operaciones militares, subestimar la fuerza de la insurgencia y, el peor de todos, Abu Graib-, pero que pese a los tropiezos creen haber hecho lo correcto y mantendrán, por lo tanto, el rumbo de su política en Irak. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan ambos mandatarios es bastante descarnada: más de tres años después de iniciada la intervención militar, los importantes logros conseguidos -Constitución, elecciones democráticas y formación de Gobierno- están siendo eclipsados por las cuantiosas bajas sufridas entre los militares estadounidenses y la población civil, casi 2.500 soldados y alrededor de 35.000 iraquíes. Londres y Washington saben que están presos de sus errores en la gestión de la posguerra en Irak, y sus dirigentes acusan ya el cansancio moral de una situación tremendamente delicada y sin visos de solución a corto plazo. Y, por ello, parecen dar vueltas más sobre un deseo que sobre una realidad.