Los cambios regulatorios aprobados por el Gobierno costaron a las empresas eléctricas 370 millones de euros en el primer trimestre del año. Las compañías presionan al Ejecutivo para que enderece el rumbo de las reformas y elimine las incertidumbres que se ciernen sobre el sector. De lo contrario, advierten, su solvencia financiera estará en peligro, lo que repercutirá de forma muy negativa en las inversiones, la garantía de suministro y la sostenibilidad medioambiental del sistema energético.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero una serie de medidas encaminadas a enmendar los 'desmadres' del mercado mayorista de la electricidad ('pool'). El Ministerio de Industria afirma que las compañías lo utilizan para engordar de forma artificial sus costes, hasta situarlos muy por encima de la remuneración que les aportan los precios regulados. De esta manera incurren en un déficit de tarifa que luego exigen al Gobierno que les repare. Ya se les han reconocido 3.800 millones por este concepto en el 2005 y en julio se decidirá en que plazo y cómo se les paga.

Para evitar que esta situación se repita, el departamento que dirige José Montilla ha obligado a las productoras a firmar contratos bilaterales con las distribuidoras de su mismo grupo, a un precio máximo de 42,5 euros por megavatio a la hora (MWh). Además, las empresas tienen que restar a los costes de las centrales el valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se les asignan de forma gratuita.

La medida restó 164 millones de euros a los resultados de Endesa entre enero y marzo, 43 por la reforma del 'pool' y 121 por los derechos de emisión. A Iberdrola le supuso 149 millones de euros, 48 y 101 por cada concepto. Unión Fenosa se vio perjudicada en 57,9 millones (31 y 26,5). Además, Gas Natural se descontó nueve millones por lo derechos de emisión, pero los cambios en el mercado mayorista no tuvieron incidencia en su negocio de comercialización (mercado libre) de electricidad.

Las criticas más contundentes contra los cambios las lanzó el recién elegido presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien afirmó que de mantenerse supondrían la «puntilla» para el sector. «Para que todo este esfuerzo inversor siga siendo posible, será necesario también que las medidas provisionales actualmente en vigor se desarrollen regulatoriamente, eliminando la transitoriedad y haciéndolas coherentes con el entorno de precios energéticos internacionales», destacó.

Cambios inminentes

Las compañías mantienen intensas negociaciones con Industria para tratar de fijar la normativa definitiva que regirá el mercado mayorista de la electricidad, ya que los cambios hasta ahora impulsados son provisionales. El Ministerio prevé presentar al Consejo de Ministros del próximo 30 de junio un paquete de medidas para fomentar la liberalización y la competencia en el sector.

Para evitar nuevos déficit tarifarios, el Ejecutivo aprobará una nueva metodología de cálculo de los precios regulados que recogerá mejor los costes de las empresas. Pero también promoverá los contratos bilaterales a largo plazo entre productoras y distribuidoras, como ya ha hecho para las compañías del mismo grupo. Además, aprovechará para reformar el régimen económico de las energías renovables y para transponer las directivas europeas de cogeneración (producción simultánea de calor y electricidad). También dará luz verde a una nueva subida de la tarifa de un máximo del 1,5%, con la que comenzará a compensar el déficit del año pasado.