El Gobierno dará dos millones de euros a las diez asociaciones de consumidores «más representativas a nivel nacional» para que presten apoyo, asesoramiento y defensa a los clientes de Afinsa y Fórum Filatélico. De esta cantidad -cuya entrega fue aprobada en su reunión de este viernes por el Consejo de Ministros-, casi tres cuartas partes (1,3 millones) se repartirán en función del número de afectados que representen ante los tribunales.

No fue la única resolución que el Ejecutivo adoptó hoy respecto al presunto 'macrofraude' del que habrían sido objeto unos 350.000 inversores, ya que también ha encargado al Ministerio de Justicia que ponga en marcha una ventanilla única de atención a los afectados. Esta dependerá de la Audiencia Nacional -órgano judicial que dirige las investigaciones-, y para cumplir sus funciones se la dotará del personal y los medios materiales necesarios.

Por otra parte, Hacienda estudia cómo afrontar la regularización fiscal de las inversiones no declaradas durante años por los clientes de Afinsa y Fórum Filatélico. Este problema, según fuentes judiciales, podría afectar a la mayoría de ellos, que no habrían declarado al fisco ni sus aportaciones a las sociedades ni las ganancias obtenidas, animados a ello por los propios agentes que les captaban. Las asociaciones de consumidores ya se han dirigido por escrito al director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, para exponerle esta situación. La postura oficial es remitirse a la normativa fiscal vigente.

En los últimos días se han producido cientos de consultas de afectados temerosos de que, además de perder sus ahorros, ahora deban tributar por ellos. En este sentido, la inspección fiscal distingue dos grupos: quienes año tras año cumplieron con sus obligaciones tributarias y han especificado en su declaración de la renta (o patrimonio, según la cuantía de que se trate) tanto la inversión realizada como la rentabilidad anual que obtenían, y aquellos que ocultaron los fondos.

De ser así, habría que depurar caso por caso qué dinero pudieron haber defraudado en los últimos cuatro años, plazo límite para que prescriban estas deudas. Pero también se valora el aspecto humano y el drama de muchas familias que han perdido sus ahorros. Sin embargo, los inspectores estarían obligados a abrir expediente ante cualquier irregularidad que descubran.