A veces hay sucesos, como el recientemente conocido de la muerte voluntaria de un tetrapléjico en Valladolid, que tienen la virtud de conmover, no ya solo nuestros sentimientos, sino también nuestras convicciones. Son casos límite en los que la compasión ante el dolor ajeno hace tambalearse convicciones racionales que en abstracto consideraríamos sólidas e indiscutibles.

La afirmación del valor supremo de la vida humana es un principio básico de cualquier doctrina religiosa o moral; y no es difícil entender por qué, puesto que la vida es el bien primero y fundamental sobre el que se asientan cualesquiera otros. Solo quien está vivo puede pretender ser libre o feliz, por ejemplo. Y solo si hay un respeto generalizado de la vida de los demás pueden subsistir las sociedades humanas, que son mutuamente vulnerables. Por eso los códigos religiosos, morales y legales coinciden en proclamar que nadie, salvo por razones excepcionales y justificadas, tiene derecho a matar a otro. Todos prohíben el homicidio, todos restringen la autorización de dar muerte a otro a casos como el de la legítima defensa.

Por eso seguramente, cuando alguien alega un derecho a disponer no ya de la vida de otros, sino de de la suya misma, se alzan a menudo reparos de carácter religioso o moral. Un cristiano, por ejemplo, dirá que el hombre no es dueño de su vida, porque esta pertenece a Dios; el suicidio es para él, por tanto, un pecado grave. Pero incluso si prescindimos de argumentos religiosos, el derecho al suicidio es objeto de controversia racional. Mientras se acepta sin discusión que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera con sus posesiones -por ejemplo, puede pegar fuego a su casa, o arrojar su coche por un barranco, siempre que no afecte a los bienes o personas de otros- experimentamos cierta resistencia intuitiva a admitir la idea de que alguien pueda disponer, sin más, de su vida y hacer de ella lo que quiera. Probablemente, y entre otras razones, porque damos por supuesto que, en principio, todo ser vivo quiere seguir viviendo, desde el recién nacido al anciano decrépito. Y cuando alguien dice que quiere morir, tendemos a pensar, con Hobbes, que no quiere de verdad lo que proclama. Querer morir equivale a querer suprimir la posibilidad de ser uno mismo. Por tanto, es forzoso reconocer que hay algo a primera vista extraño en la idea de decidir la propia muerte.

Pero si bien hay que dar por descontado que ordinariamente el impulso de conservación tiene más fuerza que todos los sinsabores y obstáculos que aquejan nuestras vidas, por difíciles y desdichadas que estas sean, podemos también comprender que en ocasiones la supervivencia puede equivaler a una dolorosa y mutilada conservación del organismo biológico, que impide a una persona mantener las condiciones mínimas de una vida digna, situándola por debajo del umbral aceptable de bienestar y autonomía.

Ciertamente, nadie más que el propio sujeto puede valorar su propia experiencia; y nadie puede sustituirle en su juicio respecto a lo que significa vivir dignamente, ni en su decisión moral. En principio, tendemos a confiar en que el impulso vital hará considerar preferible cualquier género de vida a la muerte, y que un sujeto capaz de reflexión querrá vivir pese al dolor, sobre todo si es ayudado a aliviarlo cuanto permite el desarrollo de la Medicina. Pero podemos entender, con todo, que hay circunstancias extremas en las que la prolongación de la vida no supone ya sino alargar un proceso irreversible de deterioro a costa de imponer un sufrimiento físico y psíquico extremo a una persona. Al fin y al cabo, esta y no otra es la razón por la que se rechaza entre los profesionales de la medicina y los especialistas en bioética el llamado encarnizamiento terapéutico: no hay razón justificada para imponer dolorosos tratamientos extraordinarios con el mero objetivo de prolongar la vida del paciente terminal.

Ahora bien, al adoptar esta posición se reconoce que el valor supremo que se trata de preservar no es la vida sin más, sino la vida humana; es decir la vida digna de una persona, de un sujeto capaz de libertad y de bienestar. Determinar el punto en el que la supervivencia se ha convertido en inhumana es algo extraordinariamente difícil, y es bien explicable el temor de que establecer esa frontera pueda llevar a cometer gravísimos abusos. Desde luego, ese punto nunca debería ser determinado sin el consentimiento del paciente, y todas las cautelas serán pocas para asegurar que la decisión de poner fin a su vida ha sido consciente, libre e informada, que las condiciones en que se adopta son realmente extremas, y que se toma después de haber agotado los recursos disponibles en cuidados paliativos.

Son respetables las distintas posiciones morales, incluida la que sostiene pese a todo que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es admisible una acción que acorte la vida. Pero por eso mismo la sociedad no puede negarse a afrontar el problema de la muerte digna, que necesita una solución en el plano público de los derechos de todos. Si un enfermo se halla postrado en circunstancias excepcionales, como las del caso aquí considerado y, no queriendo prolongar inhumanamente su vida, se encuentra imposibilitado de llevar a la práctica su determinación y recurre a un tercero para lograr su propósito, ¿cómo juzgar a quien le ayuda? En tanto no exista una regulación legal de esta problemática situación, tal vez el Derecho podría dar a este cooperador un tratamiento semejante al que antaño tenía el verdugo. A éste se le consideraba como un mero instrumento de la decisión de quien dictaba sentencia. El que ayuda a morir a alguien que sufre en condiciones insoportables y no puede ejecutar por sí mismo su voluntad, ¿no debería ser considerado un 'buen verdugo'?