Las diligencias administrativas contra el ex gerente de Sacyl, Pedro Antona, quedarán paralizadas temporal y provisionalmente hasta que haya una resolución judicial sobre el caso.

El instructor del expediente disciplinario ha decidido derivar el caso al Juzgado que trabaja en las diligencias previas al encontrar «indicios de presunto ilícito penal», las mismas conclusiones del anterior inspector al analizar el expediente de este último y la información reservada previa, entre otras actuaciones, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

La Junta precisa asimismo que la ley establece este destino para las actuaciones administrativas cuando se encuentran indicios de que pudiera haber un delito penal y mientras tanto el proceso administrativo queda así paralizado. Desde la Consejería de Sanidad se insiste además en que la actuación de los inspectores es «independiente y autónoma» y que sus decisiones son ajenas al propio Sacyl.

Fuentes judiciales consultadas destacan que este traslado al juez es la consecuencia lógica de la petición de suspensión del expediente por parte del propio Antona.

El ex responsable sanitario pidió en un escrito a la Consejería de Sanidad la suspensión de la tramitación del expediente sancionador al menos hasta que se resuelva el proceso paralelo en la vía penal. Destacaba en el mismo que es «el orden jurisdiccional penal el que está actualmente investigando las eventuales irregularidades denunciadas y que, hasta ahora, me han sido atribuidas de forma gratuita» y apelaba asimismo al hecho de encontrarse de baja médica por lo que en dicha situación «no puedo defenderme».

El ex gerente alegaba también falta de la «deseable imparcialidad y neutralidad administrativa» dado que el instructor elegido, Ángel Carrasco Prieto, «ha prestado sus servicios como asesor técnico en favor de la entidad Sanitaria de Inversiones, también denunciante».

Notificaciones

Desde la Consejería de Sanidad se indica que, en dos ocasiones -los días 2 y 6 de febrero-, se ha notificado a Pedro Antona para que acudiera a prestar declaración ante el instructor y, al no comparecer, se decidió finalmente abrirle expediente disciplinario sin tomarle declaración.

La Consejería de Sanidad recogía, en el informe enviado al Fiscal, como principales acusaciones la de una gestión en el último trimestre del 2005 que presuntamente favorecía a hospitales privados de su entorno, el envío irregular de pacientes al Virgen de la Salud, un centro que no estaba dentro del Contrato Marco, y las diferencias de precios en las facturas de prótesis; aunque este último aspecto no ha figurado después en las conclusiones del expediente disciplinario abierto al ex responsable sanitario.