El portavoz de los afectados por la estafa de Galletas Tas de Aguilar de Campoo, Lucio Barcenilla, asegura que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial «es fruto de la dejadez» por parte del presidente del tribunal al no haber recibido indemnización las familias. Lucio Barcenilla ha remitido un escrito al fiscal general del Estado, al Defensor del Pueblo, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, y a los ministros de Economía y de Justicia, para hacerles llegar sus críticas a la sentencia.

El fallo dictado por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional. «Las sentencias las hace una persona y las firman otras sin habérselas leído», criticó ayer Barcenilla. «El presidente de la Audiencia no sabe lo que es una acción desembolsada ni lo que es una sociedad», criticó Barcenilla.

Más de cien familias de la zona norte aportaron dos millones de pesetas cada una para poder poner en marcha esta fábrica, que nunca llegó a producir. Todo esto ocurrió en torno al año 1988. Cinco años más tarde, en 1993, los tribunales analizaban si había delito, pero en 1996 el juzgado de Cervera de Pisuerga archivó el caso. La Audiencia de Palencia lo reabrió un año más tarde, ante el recurso que presentaron los afectados, y en el año 2003 se celebró el largo juicio, cuyos resultados no han dejado satisfechos ni a los tres condenados ni a los demandantes.

Los socios de Galletas Tas agotan las vías legales para rebatir la sentencia que a finales del 2005 confirmó el Tribunal Supremo y que ha condenado a los tres acusados de una estafa en la empresa galletera de Aguilar de Campoo, pero que establece indemnizaciones económicas que los afectados creen muy escasas.