«Apoyo total por parte de la Junta», según confirmó ayer Yolanda Montoya, presidenta de la Asociación de Afectados de Fórum y Afinsa (AFACYL). Un día después de la constitución de esta nueva organización, el Ejecutivo regional acordó concederle ayer una subvención de 100.000 euros, además del compromiso de la Administración de facilitar ayuda psicológica profesional para aquellas personas que estén sufriendo especialmente por la posible pérdida de su patrimonio. Al anuncio de esta «primera» aportación, se une la intención del Gobierno autonómico de crear un registro en Castilla y León para agrupar a las víctimas, según avanzó tras el Consejo de Gobierno la vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz.

El anuncio de Yolanda Montoya del apoyo de la comunidad animó ayer a varios afectados a inscribirse en la nueva plataforma, que ya cuenta con más de 270 miembros. El trabajo más inmediato será la búsqueda de un local, la creación de una página web con información puntual y la asesoría jurídica. La organización ha convocado un acto para el próximo lunes a las 18 horas en las instalaciones de Sanidad y Consumo de Valladolid, en la calle Ramón y Cajal, frente al clínico.

La Unión de Consumidores de Palencia ha convocado hoy una reunión a las 19 horas en el salón de plenos de Aguilar de Campoo para informar a los vecinos de la zona afectados por la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico. Una hora antes, la organización recogerá las fichas con los datos personales de todos los clientes que deseen unirse a la UCE en la defensa de los damnificados. Aguilar será el escenario hoy también de una charla, la que ofrecerá el delegado de Afinsa en Palencia, para dar a conocer la versión de la empresa. El lugar será el Hotel Valentín y la hora, las 18 horas, siendo necesario el contrato y el carné de identidad para tomar parte en la charla.

Advertencia en el 2004

Por otra parte, el ex director financiero de Afinsa, Emilio Ballester, reconoció en mayo del 2004 que las cuentas de la empresa presentaban irregularidades que permitían ofrecer una imagen engañosa de las mismas en sus resultados anuales, que en apariencia eran boyantes y servían así de reclamo para miles de nuevos inversores.

En una carta remitida entonces al presidente ejecutivo de la empresa ahora intervenida, Juan Antonio Cano, le recordaba los problemas que habían tenido para «cuadrar» sus cuentas, así como la «inexistencia» de beneficios «reales».