El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde al acuerdo para la integración social y laboral de la población inmigrante de Castilla y León 2006-2009, que contará con un presupuesto total de 8,1 millones de euros y prestará una especial atención a los colectivos extranjeros que residen en las zonas rurales. Este documento, que forma parte de los acuerdos del Diálogo Social en la comunidad, será firmado en breve por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los agentes sociales de Castilla y León (UGT, CC. OO. y Cecale) en sustitución de la anterior planificación, cuya vigencia era 2003-2005.

Este nuevo acuerdo no solo pretende facilitar el acceso de los inmigrantes residentes en la comunidad a un puesto de trabajo, sino «su plena integración social y laboral», según explicó la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, Maria Jesús Ruiz.

El nuevo acuerdo mantiene tanto la estructura como el sistema de trabajo desarrollado hasta el momento, aunque se adapta a la estructura del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl). Por otro lado, la Comisión de Empleo, Igualdad e Inmigración, que se enmarca dentro del Consejo de Empleo, será el foro donde se aborde la problemática derivada de la incorporación de los trabajadores inmigrantes al mercado laboral.

Sanidad y empresas

La Junta también aprobó la firma de un convenio dotado con 5,7 millones de euros cuyo objetivo es avanzar en la introducción de las nuevas tecnologías en la asistencia sanitaria. Esta partida servirá para extender la gestión telemática de las citas en los centros de salud, de modo que los pacientes puedan obtenerlas vía Internet, así como en la puesta en funcionamiento de la receta electrónica.

Asimismo, el Consejo de Gobierno autorizó la declaración de especial interés de 19 proyectos empresariales que, en su conjunto, recibirán una subvención global que supera los 14 millones de euros y que permitirá crear 132 nuevos empleos.

Por último, la Junta dio el visto bueno a la concentración parcelaria de 6.153 hectáreas en la zona de Cortos (Ávila), Montorio y La Veguecilla, en Royuela del Río Franco (Burgos), Valbuena de Duero (Valladolid) y Matellanes y Rabanales (Zamora), que afectará a 1.132 propietarios. El consejero de Agricultura, José Valín, que compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicó que en Castilla y León está concentrada el 65% de su superficie, mientras que se está actuando en un 7%. Ávila y León son las que registran una menor concentración (42 y 51%), mientras que Palencia, Soria y Valladolid, superan el 90%.