Los sindicatos STEs, CSI-CSIF, FETE-UGT, CC.OO, ANPE y la Consejería de Educación rubricaron hoy el Acuerdo de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares de Castilla y León.

La firma de este pacto, por el que todos los implicados mostraron su satisfacción, se llevó a cabo hoy en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado en Valladolid, en un acto que presidió el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola.

Por parte de los sindicatos estuvieron presentes el vicepresidente regional de ANPE, Francisco Sánchez; la secretaria general de FETE-UGT, María Victoria Soto Olmedo; el responsable de Acción Sindical de STEs en Castilla y León, José Antonio García; el presidente territorial de CSI-CSIF, Antonio Martín; el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, Francisco Javier García Cruz. Por parte de la Consejería, además de Guisasola, estuvo presente la directora general de Recursos Humanos, Rocío Lucas.

El representante de ANPE recordó los esfuerzos que ha supuesto llegar a este acuerdo y apreció el cambio de actitud de la Administración tras la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos, aunque consideró que el "año sabático" no tendrá mucha aceptación entre el profesorado por los requisitos "no fáciles" de cumplir.

Por su parte, García Cruz aseguró que el Acuerdo permitirá su vigilancia y cumplimiento y avanzar en otros procesos de negociación y destacó la referencia que debe ser para otros sectores educativos en los que la Consejería tiene competencias.

María Victoria Soto puso de manifiesto el hecho de que se "dignifique y revalorice" la labor docente, algo que cree que era necesario y que no debe quedar en una mera declaración de intenciones.

El representante de CSI-CSIF mostró su preocupación por el desarrollo de este pacto y puso de manifiesto la necesidad de seguir negociando, aunque lo vio con optimismo ante las posibilidades que presta.

Finalmente, José Antonio García calificó de "ajustado y digno" el acuerdo y destacó la equiparación que permite con el profesorado de otras comunidades autónomas.

En cuanto a la Administración, Guisasola considera que el Acuerdo es "tremendamente positivo" porque ha sido firmado por los sindicatos más importantes de la Mesa Sectorial y aseguró que es un "punto de partida" en el que no se pueden recoger todas las cuestiones de un sistema que no es estático y que experimentará cambios "inminentes" con la aprobación de la LOE y el Estatuto del Personal Docente, sobre el que se mantendrá una reunión en poco tiempo entre Ministerio de Educación y CC.AA.

El consejero animó a seguir trabajando con el mismo espíritu y pidió que no se mezclen otras cuestiones como las negociaciones pendientes en las universidades o en la enseñanza concertada porque comparar estos temas "genera sinergias que nada tienen que ver".

El Acuerdo fue aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta del pasado día 11 de mayo tras y tiene una vigencia de cuatro años prorrogables.

Entre los tipos de medidas que contempla destacan aquellas con repercusión económica directa, la creación de departamentos y los permisos parcialmente retribuidos, de otro grupo que afecta a la mejora de plantillas, la jornada laboral de 35 horas, el personal itinerante y la integración en plantilla de personal interino.

En las mejoras retributivas se ha acordado el incremento progresivo de las retribuciones del profesorado público no universitario entre los años 2006 y 2008, hasta situarlas por encima de la media del Estado y de las establecidas por otras Comunidades Autónomas.

Además, se incrementa la parte autonómica del componente general del complemento específico para este personal funcionario docente en 1.824 euros anuales (152 euros/mes), que se abonarán progresivamente en tres años consecutivos y efectos del 1 de enero de 2006.

También se prevé un incremento de la parte autonómica de las gratificaciones extraordinarias para jubilaciones anticipadas voluntarias establecidas en la LOGSE en una cuantía proporcional al incremento de la parte estatal que el Ministerio de Educación y Ciencia pueda acordar en el ámbito de sus competencias.

En cuanto a las mejora de las plantillas de los centros públicos y de las condiciones laborales del profesorado, se pretende reducir la tasa de funcionarios sin destino definitivo y conseguir también así mayor estabilidad en las plantillas de los centros docentes públicos de enseñanzas escolares. Para ello, se aumenta la plantilla fija de cada centro hasta alcanzar un 95 por ciento de la funcional en educación infantil y primaria.

Se establecen objetivos de profesor por unidad que deben alcanzarse y se busca reforzar las plantillas para incremento de desdobles, apoyos, refuerzos y potenciación de la función tutorial.

También se pretende mejorar la atención a los centros de ámbito rural con dotación de un profesor de apoyo en colegios rurales agrupados con 6 unidades de infantil y con otro más a los que cuenten con 12 unidades de primaria.

Se establecerán zonas educativas prioritarias en las zonas más desfavorecidas de la Comunidad que perseguirán la compensación de desigualdades con actuaciones como el refuerzo de los equipos de orientación, la mejora en la impartición de idiomas, la oferta de formación profesional, o medidas para favorecer la acogida e integración del alumnado.

Igualmente, se atiende a la mejora de la calidad de la educación en igualdad de condiciones para todos desarrollando el Plan Marco de Atención a la Diversidad con aumento de especialistas y otras medidas de compensación educativa y se insiste en el fomento de la convivencia en los centros, el apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el acceso del profesorado a las nuevas tecnologías y el incremento de las secciones bilingües en los centros públicos.

Además, se crean los departamentos didácticos de "formación y orientación laboral" y de "economía".

En cuanto a la implantación de la jornada laboral de 35 horas, se llevará a cabo una reducción progresiva de la jornada, a través de la reducción del cómputo de horas complementarias, así como las de libre disposición para la preparación de actividades, el perfeccionamiento y la atención a los deberes inherentes a la función docente, en hora y media el próximo curso y el tiempo restante en la jornada lectiva del curso siguiente.

El permiso parcialmente retribuido se encuadra en las medidas para facilitar, entre otras actividades, la formación del profesorado. Tras cuatro primeros cursos de prestar servicio a jornada completa, percibiendo el 85 por ciento de las retribuciones, se disfrutará el quinto curso de un permiso con esa misma retribución parcial. El coste de la medida para la Administración supone el 25 por ciento del salario del docente más el total del salario de su sustituto.

Se recogen también medidas para el profesorado que desempeñe puestos de carácter singular itinerante, con mejoras en la concesión de ayudas económicas para compensar los gastos derivados de accidente de tráfico o la posibilidad de obtener condiciones financieras favorables para suscribir un crédito para adquisición de vehículo o una póliza de seguro del automóvil.

Finalmente, el acuerdo incluye medidas en relación con la provisión de puestos en régimen de interinidad, así como en el deseo de avanzar en la mejora de la prestación del servicio de esta colectivo. Destacan la determinación, al final de la vigencia del Acuerdo, de una tasa de interinidad del 5 por ciento y las mejoras sobre la conciliación de la vida familiar y laboral.