El Ministerio de Economía conocía desde 1991 algunas anomalías contables en los balances de Afinsa y Fórum Filatélico, que incurrían en ellas 'ex profeso' para ocultar su «enorme déficit patrimonial», tal y como han concluido hasta el momento las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria. La propia Hacienda sospecha, por otro lado, que Afinsa y su proveedor único de sellos hasta mediados de 2003, Francisco Guijarro, se pusieron de acuerdo para la supuesta falsificación y/o manipulación de decenas de miles de unidades.

Los investigadores del caso coinciden en qué es muy complicado concretar cuándo se tuvieron los primeros indicios de las irregularidades descubiertas en las dos sociedades de inversión citadas. Solo parece claro que el verano pasado ya se disponía de informes suficientes (la mayoría obra de la propia Agencia Tributaria, junto a alguno del Banco de España) que iban en esa línea, aunque el Ministerio Público aguardó hasta concluir sus pesquisas y tener «amarrados» a los responsables.

Pero antes de esa fecha ya se tuvieron los primeros avisos de que algo no iba bien en las cuentas de Fórum y Afinsa -en realidad, y dado que ambas operan de la misma forma desde hace más de 20 años, los investigadores piensan que los reproches administrativos pueden venir de lejos-. El 20 de septiembre de 1996, la Dirección de Tributos del Ministerio de Economía le comunicó a la segunda de ellas que debía cambiar su método de anotar las operaciones, e incluir como «auténticos préstamos» las inversiones que recibía. En este caso, el interés de los 'créditos' dados a la empresa por sus clientes consistiría en la alta rentabilidad prometida.

Advertencias repetidas

Este tipo de advertencias comenzaron años antes, también por la vía de consultas hechas por las propias firmas afectadas. En julio de 1991, el Instituto de Contabilidad y Auditoría Contables (ICAC), también dependiente de Economía, establecía con claridad que «la adquisición de activos con pactos de retrocesión no opcional» -es decir, la compra de sellos vinculada a su posterior reventa a la empresa- es, a todas luces, una operación financiera de carácter prestatario. Pero estas directrices no fueron seguidas, ni tampoco las autoridades realizaron un seguimiento concienzudo sobre el asunto.