LOS cayucos procedentes de Mauritania o Senegal, que no constituyen el cauce más numeroso de la inmigración ilegal aunque sí el más alarmante, vuelven a acreditar que las autoridades españolas se ven desbordadas ante un fenómeno que ya se sitúa entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos. Y, una vez más, desde el Gobierno se va a responder a las avalanchas de los dos últimos fines de semana en las costas de Canarias con medidas que tendrán mucha más repercusión mediática que efectividad real.

La llegada semanal de un millar de indocumentados a los puertos de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura desafía a las fuerzas policiales, las organizaciones asistenciales y las autoridades autonómicas, locales y centrales; en definitiva, a todos los implicados en el control marítimo, el auxilio a los rescatados y la gestión de las repatriaciones. Y ya han comenzado a aflorar los primeros reproches entre los gobiernos regional y central, lo que configura un pésimo escenario para ajustar la imprescindible cooperación que requiere una situación como la que se vive en las Islas.

De la reunión de urgencia celebrada ayer en La Moncloa ha salido un mensaje de tranquilidad cargado de voluntarismo, y poco más. El Plan de Inmigración para Canarias pactado el año pasado por Asuntos Sociales y el Ejecutivo isleño ya no da más de sí, y diez diplomáticos enviados a toda prisa a África y un satélite para intentar controlar los barcos nodriza desde los que se cree que ahora lanzan las mafias los cayucos cargados de 'sin papeles' no van a frenar un fenómeno de las características que ha alcanzado ya la inmigración ilegal en nuestro país.

Gestionar los efectos del que posiblemente sea el mayor problema social al que se enfrenta Europa en este siglo no es tarea fácil, pero la complejidad del reto no justifica la falta de decisión del Gobierno y sus insuficientes gestiones -compatibles con las ofertas de ayuda- tanto ante las autoridades de los países emisores de inmigrantes como ante una Unión Europea incapaz de fijar una política común de inmigración. En Europa no es la primera vez que se producen flujos migratorios como el que actualmente vivimos. Quizás habría que fijarse más detenidamente en cómo se gestionaron en épocas anteriores problemas similares -que no iguales- y confiar menos en el control 'espacial' de las aguas internacionales.

El hampa, contra Brasil

Cuatro días después del inicio de las rebeliones en prisiones del Estado de Sao Paulo, en Brasil, un total de 45 cárceles y centros de detención provisional continúan desbordados por la violencia. Decenas de muertos, entre ellos al menos numerosos funcionarios policiales o penitenciarios, se cuentan ya desde que estallaron los graves desórdenes inducidos por los jefes del hampa brasileña en respuesta al traslado de sus líderes más conocidos -el llamado 'primer comando de la capital'- a cárceles de seguridad. No es exagerado decir que la situación del sistema carcelario brasileño es crítica.

El 'primer comando' ha saltado a la actualidad en ocasiones anteriores, sobre todo cuando se ha pisado su terreno con programas de erradicación de la pobreza o recuperación de armas ilegales en manos privadas, pero no se esperaba una reacción tan brutal. El escenario es el Estado de Sao Paulo, el vigoroso territorio industrial del Brasil dinámico que, sin embargo, combina un creciente progreso material con una desestructuración social clamorosa. Que el hampa haya alcanzado tal implantación y disciplina se explica porque, en el mejor estilo de las tríadas asiáticas o la mafia italoamericana, estos grupos criminales proveen a sus miembros de una red de asistencia que cubre las carencias del propio Estado en las barriadas marginales. Se aseguran así una lealtad a prueba de cargas policiales.

La crisis ha rebasado ya la pura dimensión del orden público, como acredita la polémica que se ha suscitado entre diversos actores sociales y económicos en la gran metrópoli y, sobre todo, entre dirigentes federales y estatales. En primera instancia, las autoridades no tienen más remedio que restablecer el orden, acabar con los motines y cumplimentar el programa de dispersión de presos peligrosos. Pero a medio plazo también deberán ponderar, y el presidente Lula parece tenerlo claro, el conjunto de factores que han hecho posible una situación de tamaña emergencia social, impropia de un país cuyo peso en el mundo crece cada día y es, además, un espejo en el que se miran otras naciones latinoamericanas.