El magistrado de Instrucción número 1 de Valladolid ordenó ayer abrir diligencias previas para aclarar si se ha podido cometer algún tipo delictivo en el proceso de recalificación de unos terrenos que llevó a cabo el Pleno de Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, en enero de este año, durante una intervención administrativa que ha supuesto el cambio a residencial de un suelo calificado como industrial por el Plan General de Ordenación Urbana, y en el que se prevé edificar 2.984 viviendas.